El primer ministro israelí, Benjamín Netanyhu, tildó de “incitación salvaje” las manifestaciones ocurridas ayer en el centro del Tel Aviv, en las que miles de personas protestaron en contra de su gobierno, el más derechista de la historia de Israel.
“Vi las imágenes difíciles anoche en la manifestación de izquierda que comparó al Ministro de Justicia con los líderes de los nazis. Las banderas de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en la manifestación y los carteles que dicen ‘Palestina libre del dominio colonialista sionista’”, escribió hoy Netanyahu en sus redes sociales.
“Es una incitación salvaje que no fue condenada por la oposición ni por los principales medios de comunicación. Exijo que todos detengan esto de inmediato”, agregó el jefe de Gobierno.
Dos marchas convocadas ayer al terminar el shabat en Tel Aviv congregaron a unas 20,000 personas, según los organizadores, que protestaron contra la reforma judicial anunciada por el nuevo gobierno, que socava la independencia de la justicia; y contra otros aspectos incluidos en los acuerdos de coalición que aspiran a convertir Israel en un país más judío y religioso; así como anexionarse Cisjordania y acorralar más a los palestinos.
Unas de las protestas fue planificada por la organización Standing Together, que promueve la igualdad y la convivencia entre árabes y judíos, mientras que la otra manifestación se centró en la reforma judicial, en la que se vieron carteles del actual ministro de Justicia y confidente de Netanyahu, Yariv Levin, vestido como si fuera nazi.
Al inicio de la reunión hoy con su gabinete, Netanyahu rechazó las críticas a esa reforma anunciada la semana pasada y señaló que es “totalmente infundado” el argumento de que implicará el fin de la democracia, como han alertado expertos juristas y la oposición.
“El intento de restablecer el equilibrio correcto entre las autoridades no es la destrucción de la democracia, sino el fortalecimiento de la democracia”, aseveró.
La reforma judicial incluye una propuesta de ley que permita que una mayoría simple de 61 legisladores pueda anular una decisión de la Corte Suprema que implique derogar una ley o decisión gubernamental, conocida como la “la clausula de anulación”.
Además, las nuevas regulaciones reemplazarán a los abogados del Comité de Designaciones Judiciales por cargos políticos, lo que abre la veda para la politización de la justicia; y eliminarán el supuesto de “razonabilidad” como fundamento legal para que el Supremo pueda impedir el nombramiento de altos cargos si no cumple con la ley.