Nicaragua cerró al menos de 770 oenegés desde junio pasado mediante una ley que “socava la libertad de asociación y de expresión”, afirmó ayer martes Human Rights Watch (HRW).
En un comunicado, la organización defensora de derechos humanos estimó que la comunidad internacional, sobre todo los países latinoamericanos, deberían condenar “este desmantelamiento sistemático de los grupos de la sociedad civil que desempeñan un papel fundamental en un país que no tiene instituciones estatales independientes que actúen como control del Poder Ejecutivo”.
Según la organización, desde el 6 de junio de 2022 las autoridades nicaragüenses han aprobado leyes y resoluciones que cancelan el registro legal de al menos 770 oenegés y fundaciones, obligándolas a cerrar. Y desde 2018 son más de 950.
El objetivo del gobierno de Daniel Ortega es impedirles “exponer los abusos y la incapacidad de las autoridades” para ayudar al pueblo en un país golpeado por huracanes y la pandemia de la covid-19, acusó Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch.
Muchos de los cierres se basan en una ley de “agentes extranjeros”, aprobada en octubre de 2020, así como en la Ley General de Regulación y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro adoptada en marzo de 2022.
Entre las oenegés cerradas se incluyen asociaciones médicas y organizaciones que trabajan en protección infantil, derechos de las mujeres y la mitigación del cambio climático.
Nicaragua tiene una de las tasas de pobreza más altas de América Latina y el Caribe. En marzo de 2021, la Unicef calculó que tras los dos huracanes de 2020, alrededor de “1.8 millones de personas, incluidos 720 mil niños, todavía necesitaban ayuda humanitaria, especialmente entre las comunidades indígenas”.
El cierre de las oenegés “forma parte de un esfuerzo mucho más amplio para silenciar a los grupos de la sociedad civil y los medios independientes a través de una combinación de tácticas represivas que incluyen legislación abusiva, intimidación, hostigamiento, detención arbitraria y enjuiciamiento de defensores de los derechos humanos y periodistas”, concluyó HRW.
Contra la oposición
Con penas de hasta 13 años de prisión por “menoscabar” la integridad nacional, en mayo pasado culminaron los juicios a 45 opositores al régimen de Daniel Ortega.
Desde la periodista Cristiana Chamorro, de 68 años, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), hasta excamaradas de armas del Frente Sandinista de Ortega como Dora María Tellez, e incluso activistas y empresarios fueron condenados, ya sea con prisión efectiva o arresto domiciliario.
Eran 46, pero otro excompañero de armas y luego crítico de Ortega, Hugo Torres, murió en un hospital en febrero después de varios meses encarcelado en el penal El Chipote.
En su momento, HRW denunció que “los juicios estuvieron plagados de violaciones a las garantías más básicas del debido proceso”.
