El Gobierno de Nicaragua inauguró este viernes una escuela de hotelería en el turístico balneario de San Juan del Sur, en el Pacífico nicaragüense, en dos condominios propiedad de opositores −incluido uno construido por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y sus cuatro hijos−, y que fueron expropiados por las autoridades.
La escuela de hotelería y turismo ‘Nicarao’ fue inaugurada por el estatal Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) en las propiedades expropiadas a la familia Chamorro Barrios y a Rafaela Cerda, madre del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís Cerda.
“Esta nueva escuela, dedicada a la formación de profesionales del sector turístico y hotelero, atenderá a más de 600 protagonistas en dos instalaciones físicas, completamente equipadas con todas las herramientas para el desarrollo de una amplia oferta formativa”, indicó el Inatec a través de sus redes sociales.
El hotel Casablanca fue confiscado a la mamá del exmagistrado Rafael Solís, y el condominio Farallón de Sotavento a los hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Más detalles 👉 https://t.co/5knNjXY4pO pic.twitter.com/VuX3LtrmVR
— Confidencial Nicaragua (@confidencial_ni) May 24, 2024
Condominio de la familia Chamorro
El pasado 29 de enero, el Gobierno que preside Daniel Ortega se apropió del condominio ‘Fallarón de Sotavento’, compuesto por cuatro apartamentos y una casa de servicio, construido por la familia Chamorro Barrios en el balneario de San Juan del Sur, donde ahora funciona la nueva escuela de hotelería, según denunció esa familia.
Los propietarios fundadores de la sociedad ‘Farallón de Sotavento’ fueron Violeta Chamorro y sus hijos Pedro Joaquín, Claudia Lucía, Cristiana y Carlos Fernando, todos Chamorro Barrios, en iguales porcentajes accionarios.
Posteriormente, doña Violeta, de 94 años y quien desde mediados de octubre pasado reside en Costa Rica bajo el cuidado de su familia y bajo atención médica, distribuyó sus acciones entre sus cuatro hijos, de forma proporcional, de acuerdo con la familia.
En 2017, Pedro Joaquín y Carlos Fernando, ambos despojados de su nacionalidad hace 15 meses y privados de sus bienes en Nicaragua, vendieron su porcentaje de la sociedad a otros dueños y cesaron su participación en la misma.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo.
La otra propiedad donde también fue inaugurada la nueva escuela de hotelería es donde funcionaba el hotel ‘Casa Blanca’, propiedad de Rafaela Cerda, de 93 años y madre del exmagistrado Solís Cerda, desnacionalizado y exiliado en Costa Rica.
Solís Cerda, que renunció a su cargo en enero de 2019, es padrino de bodas de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a los que acusó de no actuar con sensatez y cordura en la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, sino más bien con el afán de imponer un “Estado de terror” con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales.
Estado ha justificado expropiaciones
La semana pasada, la Procuraduría General de la República, que es la representante legal del Estado, justificó las expropiaciones de propiedades a ONG, medios de comunicación, empresarios y a nicaragüenses desnacionalizados, bajo el argumento de que han sido decomisadas por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, narcotráfico, lavado de dinero o incumplimiento de las leyes.
Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia, calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el Estado de Nicaragua.
Esa investigación señala que las “ilegales confiscaciones de bienes” constituyen una deuda pública que tendrán que pagar los nicaragüenses, como ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), conocida como ‘piñata’.
La denominada ‘piñata’ es una repartición de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza y a sus allegados, así como a opositores, durante la década de los ochenta del siglo pasado, y también entre febrero y abril de 1990, en el periodo de transición presidencial cuando Ortega entregó el poder a Violeta Chamorro.