La oposición de Nicaragua expresó su rechazo a la reciente reunión que sostuvo el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, con empresarios y representantes del Gobierno nicaragüense.
La califican como una manera de “forzar a la empresa privada a un nuevo pacto con el régimen”.
Cuando culminó el encuentro, Mossi informó a medios de comunicación oficialistas que el banco tiene a disposición de Nicaragua un préstamo de $200 millones, para enfrentar las constantes alzas del petróleo.
“Hemos conversado con el Gobierno, el directorio del BCIE aprobó un programa de 800 millones de dólares para ayudarle a financiar a los Estados este exceso de precios que viene del petróleo y conversábamos con el señor ministro, Iván Acosta y nos expresó su interés de que Nicaragua quiere ser parte de este programa, y el espacio que tiene el país dentro del programa son de 220 millones que están disponibles si el Gobierno así lo dispone”, dijo Mossi.
No obstante, opositores radicados en el país y algunos desde el exilio unieron sus voces para denunciar ante la comunidad internacional que el banco regional está siendo “cómplice” de la dictadura al reunirse con una empresa privada cuyos directivos electos se encuentran encarcelados desde el año pasado, “por tanto, quienes se presentan a esta sesión lo hacen porque se les lleva con una pistola en la sien o porque son partícipes del actuar de la dictadura”, se lee en el comunicado, reseña el periódico La Prensa de Nicaragua en su web.
El pasado 29 de abril, una fiscalía declaró culpables a Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional” y se solicitaron penas de 13 años para el primero y de nueve años para el segundo.
Ambos dirigían la principal organización empresarial de Nicaragua y están detenidos desde el pasado 21 de octubre en las celdas del complejo de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como nuevo Chipote. Healy fue electo presidente del Cosep en septiembre de 2020. Su antecesor, José Adán Aguerri, también está preso en la DAJ y condenado a 13 años de prisión por el delito de menoscabo a la integridad nacional, destaca La Prensa.
Los tres líderes empresariales “son presos políticos del régimen” de Daniel Ortega y Rosario Murillo que entre mayo y diciembre de 2021 encarceló a más de 40 líderes de oposición, empresarios, estudiantes, activistas de derechos humanos y siete precandidatos presidenciales que se preparaban para enfrentar a Ortega en las elecciones de noviembre del año pasado. En Nicaragua actualmente hay más de 180 presos políticos y no existen libertades como el derecho de manifestación ni organización.
