Organizaciones humanitarias de Nicaragua en el exilio recordaron este domingo en una misa en San José las más de 300 víctimas de las protestas de 2018 contra el Gobierno nicaragüense que preside Daniel Ortega junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y que este fin de semana cumplen ocho años.
“Entregaron su vida con esa ilusión, utopía y entusiasmo. (Ellos) son para nosotros un testimonio de convicción y para los cristianos un testimonio de la fe”, dijo a EFE el padre dominico español nacionalizado nicaragüense Rafael Aragón, quien fue expulsado de Nicaragua por el Gobierno sandinista.
Decenas de exiliados celebraron la misa en la Iglesia de San Francisco de Goicoechea, ubicada en la capital costarricense. Conocida popularmente como Iglesia de Ladrillos, es una construcción de 1865 considerada Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica.
El culto incluyó tanto bailes regionales como espacios para que las víctimas tomasen la palabra.
Mientras que en Nicaragua hubo marchas, pasarelas y exhibición de automóviles para conmemorar el “Día Nacional de la Paz”, según reportes de medios locales.
En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que, luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007.
Las protestas dejaron al menos 355 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron “más de 300” y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
“Mi hijo era un ser humano. No ningún animal”
Candelaria Díaz es la madre de una de las víctimas de esas protestas de 2018: “Seguimos pidiendo justicia porque es algo que no puede quedar impune. Teniendo la Fe en Dios de que algún día esto se va a llegar a esclarecer y como dicen que tomar cartas en el asunto”.
“Pedimos justicia por el asesinato de ellos porque cuando fui a la Fiscalía de Nicaragua me dijeron que esos crímenes no tenían validez. Entonces, le decía a la policía que cómo no iban a tener validez si mi hijo era un ser humano. No fue ningún animal”, recuerda el hecho con dolor.
Tras la oleada de manifestaciones, el país centroamericano entró en una grave crisis política y social, que fue acentuada tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato.
“Que la memoria no pase al olvido y siempre tener presente a lo más de 310 asesinados que ocurrieron durante el 2018 en la rebelión cívica (...) por la persecución, represión, encarcelamiento y secuestro que Ortega hace a cada uno de los opositores que están adentro”, recuerda a EFE el profesor indígena Gabriel Putoy, del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX).
En medio de este aniversario, Estados Unidos sancionó el pasado sábado al viceministro del Interior de Nicaragua por participar en “graves violaciones de los derechos humanos” al igual que esta semana también se anunció sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial y cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.
Pero desde la caída de su entonces homólogo y aliado venezolano, Nicolás Maduro, Ortega ha guardado su retórica antiimperialista, excarcelado a presos políticos y nombrado a una nueva encargada de negocios en Washington en una posible búsqueda de negociación con Estados Unidos.