Cientos de mujeres marcharon este lunes desde la ciudad de El Alto hasta La Paz contra la violencia de género y reclamaron justicia para las víctimas de delitos sexuales en Bolivia.
“Del 29 de noviembre del 2020, que a mí me violaron, hasta la fecha, no encuentro justicia. ¡Ya van a ser dos años!”, aseguró Karen Mendoza, una comunicadora social de 29 años.
“¡Nos matan! ¡Nos matan como si fuéramos animales! (...) Día a día mueren más mujeres y estamos naturalizando esto”, dijo entre lágrimas Beerseba Sarzuri, de 27 años, estudiante universitaria y hermana de una víctima de violencia sexual.
El desencadenante de la protesta fue la captura de Richard Choque Flores, un femicida que había sido condenado en 2013 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero liberado en 2019.
La semana pasada se encontraron dos cuerpos de adolescentes desaparecidas enterrados en su casa.
Las manifestantes se congregaron junto a la casa del delincuente, en El Alto, y marcharon desde allí hasta las puertas del Tribunal de Justicia de La Paz, a unos 6 kilómetros.
Gritando consignas contra la policía, jueces y fiscales, a quienes tacharon de “corruptos”, las presentes cubrieron la escalinata del edificio con pancartas y graffitis en homenaje a víctimas de violencia de género.
También colgaron un muñeco de trapo con manchas rojas en el enrejado del tribunal en alusión a las víctimas y lanzaron globos con pintura a la fachada.
En medio de una intensa lluvia, familiares y allegados de mujeres asesinadas, incluidas las víctimas de Choque, siguieron marchando hasta el Ministerio de Justicia, pero un retén policial les impidió acercarse.
De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Bolivia es el país con la mayor tasa de femicidios de Sudamérica, con 2 de cada 100,000 mujeres víctimas de ese delito en 2020. Le sigue Brasil, con 1,6.
En 2021, Bolivia reportó 108 femicidios, apenas por debajo de los 113 registrados el año anterior.
Según los últimos datos disponibles, que surgen de la Encuesta de Prevalencia de Violencia de 2016, el 74.7% de las bolivianas casadas o en unión libre ha sufrido algún tipo de violencia. La cifra se incrementa a 82.5% en el área rural.
La polémica por la liberación aparentemente irregular del femicida, a quien la policía atribuye otros dos asesinatos y al menos 77 violaciones, llevó a la detención preventiva del juez que tomó la decisión por seis meses.
El hecho ocurrió a fines de 2019, cuando el magistrado liberó a Choque por padecer una supuesta enfermedad incurable y por su buena conducta.
De acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Lima, el juez demoró “solo tres días” en aceptar la solicitud de liberación recibida un 24 de diciembre. El ministro agregó que el expediente del caso desapareció y que se indagará a otros funcionarios judiciales por su posible negligencia.
El magistrado será imputado por prevaricato, es decir, por haber tomado una decisión arbitraria a sabiendas de que era contraria a la ley.
El presidente, el izquierdista Luis Arce, también intervino en el asunto y “exigió” a través de su cuenta de Twitter “una sanción ejemplar con todo el peso de la ley”.
El domingo fue detenido un cómplice de Choque en el femicidio por el que ambos fueron condenados a 30 años de prisión en 2013. El segundo delincuente también había sido liberado antes de tiempo, en 2015, y las autoridades anunciaron que se investigará a los jueces que le concedieron la libertad.
El gobierno de Bolivia declaró el 2022 como el Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con el objetivo de impulsar actividades contra la violencia de género y, en particular, los femicidios.
