La ley de Florida SB 1718, que entrará en vigor el sábado, genera preocupación por separar a familias inmigrantes y causar pérdidas económicas significativas.
Legisladores demócratas y activistas advierten que la norma penaliza a las empresas que contratan indocumentados, lo que ha llevado a miles de inmigrantes a mudarse a estados vecinos.
Sectores clave como la hostelería, agricultura y construcción se verán severamente afectados.
Según estudios de Florida Policy Institute, la ley amenaza a cerca de 400,000 indocumentados que representan el 10% de la fuerza laboral en Florida, y se estima que ocasionará pérdidas económicas anuales de más de 12,600 millones de dólares.
Líderes empresariales, iglesias y comunidades de fe expresan preocupación y temor a represalias. Se han organizado marchas y protestas en rechazo a la ley, mientras se insta a la Administración de Joe Biden a tomar medidas en la reforma migratoria.
La polémica norma, que entre otras cosas penaliza a las empresas que contraten indocumentados, ha hecho que, temerosos de una posible deportación, miles de indocumentados se hayan mudado ya a otros estados vecinos, como dijo en una teleconferencia Beatriz López, de la organización Immigration Hub.
“Es un asesino de puestos de trabajo, básicamente”, aseveró por su parte el congresista federal por Florida Darren Soto, quien auguró que la norma va a impactar severamente en sectores clave de la economía floridana como la hostelería, la agricultura y la construcción.
“Nos preparamos para lo peor”, alertó la legisladora estatal Anna Eskamani, quien consideró que la ley es usada como plataforma para la agenda política de DeSantis, uno de los aspirantes a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. “Básicamente, esta ley le va a hacer más cara la vida a los floridanos y sus familias”, se lamentó por su parte la también congresista en Florida Dotie Joseph, quien manifestó que esperan ver cómo se va a implementar la norma para estudiar los próximos pasos.
La congresista estatal Johanna López dijo que hay preocupación también en las iglesias y las comunidades de fe, las cuales van a ser “dramáticamente afectadas” a causa de esta “ley inconstitucional” y “antiestadounidense”, que entre otras cosas castiga a quienes transporten a indocumentados y requiere a hospitales preguntar por el estatus migratorio de pacientes. “Estamos bajo ataque y vamos a seguir viendo ataques a los inmigrantes”, alertó Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, quien subrayó que es el momento de que la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, pase una reforma migratoria.