Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda impulsaron un proyecto de resolución sobre “la situación en Nicaragua” para ser debatido durante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), inaugurada este miércoles.
Con el antecedente inmediato de las elecciones en Nicaragua, el proyecto fue presentado en nombre de la delegación de Canadá y de los otros siete países para pedir al Consejo Permanente que haga “una evaluación colectiva inmediata (...) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”.
Este proyecto de resolución no implica abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados.
Sin embargo, podría desembocar en su activación en función de las conclusiones de “la evaluación colectiva”.
En junio el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró partidario de activar los mecanismos para aplicar el artículo 21.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega ganó las elecciones del domingo pasado frente a cinco candidatos derechistas desconocidos, acusados de confabular con el gobierno, y tras haber apartado a los opositores que podían hacerle sombra.
En el texto, los ocho países declaran que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
Reiteran el llamamiento “para la liberación de todos los candidatos y presos políticos” y el fin “de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.
Desde junio, las autoridades nicaragüenses ilegalizaron a tres partidos y detuvieron a 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas. Se suman a los 120 opositores presos que quedan desde las protestas que en 2018 pidieron la dimisión de Ortega y que se saldaron con cientos de muertos.
El proyecto de resolución lamenta que las iniciativas diplomáticas de la OEA no hayan tenido éxito “por haber sido ignoradas o rechazadas” por el gobierno de Nicaragua.
Por su parte, el embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo Mcfields Yescas, afirmó este miércoles que en su país “se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones”.
El texto pasará a debate a la comisión general y se votará el jueves o viernes. Para ser adoptado se necesita la mayoría simple de votos de los estados miembros, es decir 18.
La OEA está integrada por 35 países, aunque Cuba no es un miembro activo y Venezuela está representada por un delegado del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.
Parte de la comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, considera que los comicios nicaragüenses fueron una farsa.
El presidente estadounidense, Joe Biden, promulgó una ley que habilita nuevas sanciones contra el gobierno de Ortega, al que Washington considera una “dictadura”.
