El gobierno boliviano y su partido Movimiento Al Socialismo (MAS) impulsan una ofensiva judicial contra la exmandataria interina Jeanine Áñez, el excandidato presidencial Luis Fernando Camacho y otros opositores derechistas por la violencia política tras las elecciones generales anuladas del año pasado, informaron medios locales este sábado.
El ministerio de Justicia presentó ante el Congreso una petición de juicio de responsabilidades contra Áñez, mientras que la exdiputada del MAS Lidia Patty acudió a la jurisdicción penal contra el opositor Camacho, su padre y varios jefes policiales y militares, por lo que ella calificó de “golpe de Estado” contra el exmandatario Evo Morales (2006-2019).
“El ministerio de Justicia nos ha derivado a la Cámara Baja (el pedido de juicio). Inmediatamente nosotros hemos derivado a la Comisión de Constitución” para que analice el caso, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, citado por la prensa local.
El Congreso, controlado por el MAS, aprobó en octubre una recomendación para abrir un juicio de responsabilidades a la exmandataria Áñez, que ahora retoma el ministerio de Justicia para pedir la apertura formal del proceso.
La derechista Áñez gobernó Bolivia de forma interina tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 y hasta las elecciones del mes pasado, que venció el delfín del exmandatario, Luis Arce.
De su lado, la exlegisladora Patty aseguró que “ellos (los denunciados) están libres, tranquilos y han desestabilizado económicamente todo, políticamente han desestabilizado nuestro país, Camacho y su papá”, según el canal de TV Red Uno.
El derechista Camacho, tercero en las elecciones de octubre pasado, se defendió este sábado afirmando que “lo que están buscando (el oficialismo) es desvirtuar un fraude (electoral) y justificar el acto de cobardía de haberse ido”.
“No hubo golpe, sino un movimiento ciudadano que salió a protestar”, añadió.
Las elecciones de octubre de 2019 fueron denunciadas por la oposición de entonces como fraudulentas a favor de Morales, quien ostentaba el poder desde 2006 y aspiraba a lograr un cuarto mandato hasta 2025. Tras la explosión de violentas protestas en todo el país, los comicios fueron anulados.
Mientras la gente reclamaba en las calles, la policía se amotinó primero y después los militares le retiraron el respaldo a Morales, quien tuvo que dimitir en noviembre para salir asilado hacia México y un mes después trasladarse a Argentina como refugiado. El expresidente regresó al país tras la victoria de Arce.
