El Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó el martes la persecución política “generalizada” en Venezuela y votó este martes por extender por otros dos años su misión para investigar presuntas graves violaciones a las libertades en ese país.
La misión presentó un informe en el Consejo en Ginebra el mes pasado que concluyó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus principales ministros eran responsables de posibles “crímenes de lesa humanidad”.
El gobierno venezolano consideró entonces el informe “plagado de falsedades” y aseguró que estaba hecho por una “misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington”.
Encargado de investigar una serie de presuntas violaciones, la misión de la ONU dijo, no obstante, haber encontrado evidencia de que actores estatales, incluido el presidente Nicolás Maduro, estaban detrás de delitos graves como ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura.
La resolución que extiende la investigación por otros dos años fue adoptada por 22 votos (entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Alemania, Italia, España) contra tres (Venezuela, Eritrea y Filipinas), y 22 abstenciones.
El Consejo condenó enérgicamente la represión selectiva y la persecución generalizada por motivos políticos, incluido el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura, los malos tratos, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada por parte de las fuerzas de seguridad", señaló la resolución adoptada.
También condenó “las violaciones a la independencia de la Asamblea Nacional (parlamento)... así como la intervención en la autonomía y composición de varios partidos políticos”.
La misión no pudo visitar Venezuela, debido a que el gobierno no respondió a sus solicitudes y a restricciones aéreas por el covid-19, pero realizó 274 entrevistas a distancia.
El Consejo instó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a continuar monitoreando, informando y brindando cooperación técnica con miras a mejorar la situación de los derechos humanos en el país caribeño.
La misión de investigación comenzó sus labores hace un año y la resolución prorrogó su mandato por otros dos años para que “pudiera seguir investigando violaciones graves de los derechos humanos”, agregó.
Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política agudizada en 2019 cuando el jefe del parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado, después que la Asamblea Nacional declarara “usurpador” a Maduro tras reelegirse en cuestionados comicios en 2018.
