Cristiana Chamorro, condenada este lunes 21 de marzo a ocho años de prisión, sabía que desafiar la continuidad de Daniel Ortega en el poder la exponía a represalias. Su familia lo ha sufrido en carne propia en la historia moderna de Nicaragua.
“Cuando uno toma un posicionamiento que pone en riesgo el poder de la dictadura, uno espera cualquier cosa, hasta las peores”, declaró Chamorro, de 68 años, a la AFP a fines de mayo de 2021. El 2 de junio fue puesta en arresto domiciliario.
Favorita para enfrentar a Ortega en los comicios de noviembre de 2021, fue acusada por el gobierno de lavado de activos, falsedad ideológica y otros dos delitos que presuntamente cometió cuando lideró la fundación que llevaba el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y que promovía la libertad de expresión.
Tras más de nueve meses de casa por cárcel, un tribunal le impuso una condena de ocho años y al pago de una multa millonaria, tras ser declarada culpable en un juicio realizado entre el 3 y 11 de marzo en una cárcel de policía, sin acceso al público.
“El pueblo me ha colocado en el primer lugar de las preferencias electorales. Por eso el dictador ordenó que me acusaran, es una venganza contra el pueblo”, aseguró Chamorro en mayo.
Ella integra un grupo de 46 opositores que fueron detenidos el año pasado, la mayoría acusados de conspirar contra el gobierno de Ortega, quien está en el poder desde 2007 y obtuvo en noviembre del año pasado su cuarto mandato consecutivo.
Entre los presos figuran siete ex aspirantes presidenciales, quienes, como ella, quedaron inhabilitados para competir con el líder sandinista.
Las autoridades aducen que a través de la fundación de Chamorro se recibía dinero de Washington para desestabilizar al gobierno. Y acusan a los opositores presos de conspirar para derrocar a Ortega.
