Opositores nicaragüenses exiliados condenan que Nicaragua elimine la doble nacionalidad

Opositores nicaragüenses exiliados condenan que Nicaragua elimine la doble nacionalidad
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, en una foto de archivo. EFE/Jorge Torres

Opositores nicaragüenses exiliados repudiaron y condenaron este sábado la reforma a la Constitución Política, propuesta por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que establece que los nicaragüenses de nacimiento “perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad”.

“Ante la más reciente embestida de la dictadura Ortega-Murillo contra los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense, Unamos expresa su más enérgico repudio y condena a la promulgación de la ley que despoja de su nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses que posean doble nacionalidad”, expresó desde el exilio en una declaración el movimiento político opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos).

“Este acto, carente de toda legitimidad y fundamento jurídico en un estado de derecho, constituye una flagrante violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de Nicaragua y en los tratados internacionales de los que nuestro país es signatario”, alegó Unamos, presidido por Luis Blandón y Dulce Porras e integrado por disidentes desnacionalizados, entre otros opositores.

Unamos argumentó que “la nacionalidad es un derecho inherente a la persona, un vínculo fundamental con la patria que no puede ser revocado arbitrariamente por un régimen autoritario que busca silenciar voces disidentes y consolidar su poder a través del terror y la represión”.

“Con esta nueva medida, la dictadura profundiza su escalada autoritaria, sembrando aún más incertidumbre y desprotección entre la población nicaragüense, especialmente aquellos que, en legítimo ejercicio de sus derechos, han adquirido otra nacionalidad”, continuó.

Denuncian intento de desterrar a ciudadanos críticos

“Este intento de desterrar cívicamente a ciudadanos críticos y opositores evidencia la desesperación de un régimen que se aferra al poder a costa de la libertad y la dignidad de su pueblo”, agregó.

Asimismo, Unamos dijo que alza su “voz con firmeza para denunciar ante la comunidad nacional e internacional esta nueva afrenta contra la ciudadanía nicaragüense”.

“Exigimos la inmediata derogación de esta ley infame y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, sin excepción”, añadió.

Ese movimiento político, al que pertenece la histórica exguerrillera Dora María Téllez, desnacionalizada por las autoridades nicaragüenses tras ser excarcelada y desterrada por delitos de “traición a la patria”, hizo un llamado “a las organizaciones de derechos humanos, a los gobiernos democráticos del mundo y a la comunidad internacional en general a condenar enérgicamente estas acciones dictatoriales”.

También “a redoblar sus esfuerzos para exigir el restablecimiento del estado de derecho, la liberación de los presos políticos y el respeto a las libertades fundamentales en Nicaragua”.

Entrará en vigor en 2026

La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó en la víspera una reforma a la Constitución Política que establece que los nicaragüenses de nacimiento perderán su nacionalidad al momento de adquirir otra nacionalidad.

También que los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria; y en el caso de los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tendrán derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad.

Según Ortega y Murillo, “esa medida reafirma que ser nicaragüenses no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación”, y “quien elija otra bandera, renuncia voluntariamente a su lugar en la patria de Sandino, única, indivisible y revolucionaria”.

La medida afectará a los nicaragüenses exiliados, opositores o no, que deseen solicitar otra nacionalidad en el país de acogida.

Para que esa reforma entre en vigor, tiene que ser aprobada en segunda legislatura, es decir el próximo año.


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