Un grupo de organizaciones civiles de El Salvador espera que los países miembros de las Naciones Unidas pidan cuentas al Estado de El Salvador, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) por la situación de derechos humanos que enfrenta el país.
De acuerdo con el oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Juan Carlos Sánchez, esta sería la primera vez que la Administración de Nayib Bukele sea sometida a este escrutinio entre pares, dado que es una evaluación que hacen los estados ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
“Ahora estamos de lleno evaluando la primera gestión (2019-2024) de Nayib Bukele”, dijo el defensor de derechos humanos a EFE y agregó que han enviado 17 informes sobre diferentes temáticas, en los que las “condiciones políticas y la inestabilidad democrática que vive El Salvador está ampliamente reflejada”.
Lamentó que el país registre en la actualidad patrones de violaciones a derechos humanos similares a los registrados en los años de la guerra civil (1980-1992).
“Estamos repitiendo patrones que nos están provocando graves violaciones a derechos humanos”, subrayó y detalló que dichos patrones son la militarización de la seguridad pública, el ejercicio del poder “de una forma autoritaria”, la estigmatización de la protesta y la persecución de la defensa de los derechos humanos.
Por su parte, Héctor Carrillo, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), dijo a EFE que esperarían que tras esta evaluación del estado de los derechos humanos en el país, el Gobierno busque dialogar con las organizaciones humanitarias.
“La expectativa que tendríamos es que de ese espacio salga con un cambio de perspectiva respecto a la relación que debe tener con la sociedad civil y que puede abrir un espacio de diálogo, de interlocución con la sociedad para evaluar en qué medida hemos avanzado, cuáles son las deudas, sobre todo cuál es el camino que debe adoptar El Salvador”, apuntó.
Destacó que entre los temas que espera se aborden está el medioambiente, derechos sindicales, el respeto a las organizaciones y el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
“Hay una afectación directa a la seguridad jurídica de todos los salvadoreños. En este momento, en este país, nadie puede tener certidumbre de que su libertad pueda ser respetada”, dijo y agregó que también existe una saturación del sistema de justicia, por lo que “las debilidades en la investigación solo pueden derivar en dos cosas: o en detenciones arbitrarias o en impunidad”.
El Salvador es uno de los 14 países que van a ser revisados durante la sesión del EPU en Ginebra, Suiza, entre el 20 y el 31 de enero próximo.
