El Estado paraguayo dejó desprotegida a una niña de 10 años que está embarazada tras ser violada presuntamente por su padrastro, según expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
El documento emitido el lunes en Ginebra señaló que el Estado paraguayo no cumplió con su responsabilidad de actuar con la debida diligencia en el caso de la menor, con cinco meses de embarazo “a la cual se le negó el acceso a tratamientos para salvar su vida y preservar su salud, incluido el aborto seguro y terapéutico en el momento oportuno”.
La madre de la menor está recluida en la cárcel de mujeres en Asunción acusada por faltar al deber del cuidado, y el padrastro fue ingresado el lunes a la penitenciaría imputado por coacción sexual.
El comunicado de la ONU llama la atención a que la ley paraguaya sobre aborto solamente autoriza la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la mujer, pero “no provee excepciones, especialmente en casos de violación, incesto o feto inviable”.
Para los expertos, “la decisión de las autoridades paraguayas ha resultado en graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña...”.
El comunicado lo suscriben cuatro expertos de la ONU, entre ellos Emna Aouij, presidenta del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, y Rashida Manjoo, relatora especial sobre la violencia contra la mujer.
La pequeña se encuentra en el hospital local de la Cruz Roja en donde permanecerá hasta el alumbramiento, según informó la médica Dolores Castellanos, jefa del equipo multidisciplinario que la atiende.
El fiscal José Orué, del juzgado sobre Niñez y Adolescencia, del pueblo Luque, en la periferia de Asunción, en entrevista con The Associated Press dijo que el lunes se instaló la junta médica interinstitucional “que evaluará en forma permanente la salud física, emocional, moral y psicológica de la niña, de acuerdo con las leyes”. Explico que intervino porque la madre de la niña tiene su domicilio en Luque, y dijo que la jueza Pili Rodríguez ordenó la instalación de la junta médica y que trabajará hasta que la menor dé a luz.
Orué aclaró que la Cruz Roja ha informado que la menor “recibe todos los cuidados necesarios” y cuenta con el respaldo de una tía.
El fiscal comentó que “cuando llegue su bebé la justicia tendrá que disponer guarda y tutores para ambos”.
Para la psicóloga forense Franca La Carrubba, presidenta de la Sociedad Paraguaya de esa especialidad y decana de psicología de la Universidad Autónoma, “la niña no está preparada ni físicamente ni mentalmente para ser madre, pero con los cuidados médicos puede llevar a término su embarazo”. “Secuelas de la violación podría tener cuando sea adolescente o adulta desarrollando el trastorno más común en estos casos como el estrés post traumático, pero con una buena contención podrá autorealizarse, estudiando, trabajando y formar su propia familia”, añadió.
Un grupo de ciudadanos se manifestó el lunes en el centro de Asunción con el lema “Juntos podemos proteger a niños de abusos”.
Sebastián Martínez, uno de los organizadores de la manifestación convocada a través de las redes sociales, expresó a la prensa que buscaban llamar la atención de las autoridades “para que los sospechados de violación a menores no consigan medidas alternativas a la prisión, sino que permanezcan en la cárcel durante la investigación”.