El Parlamento de Ecuador ha aprobado este miércoles constituir una investigación para “establecer la verdad” sobre las eventuales vulneraciones a los Derechos Humanos durante las movilizaciones que tuvieron lugar en el país a causa de la inflación y el alto coste de la vida.
La finalidad de la recién formada Comisión Especial de Investigación, votada de manera unánime por los 110 parlamentarios presentes, será la de aplicar Justicia y reparar los daños de todas las víctimas de la violencia, así como la de analizar los acuerdos establecidos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas.
La Asamblea Nacional ecuatoriana ha instado al Defensor del Pueblo, César Marcel Córdova, a que constituya la comisión de investigación con la participación de “expertas y expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil”, entre los que se encuentran organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, académicos, la Iglesia y otros gremios profesionales.
“Dicho informe deberá ser entregado en el término de 90 días ante la ciudadanía y remitir una copia certificada a la Asamblea Nacional, para lo cual, la Institución Nacional de Derechos Humanos dispondrá las medidas administrativas, presupuestarias, de coordinación y cooperación nacional e internacional necesarias para el cumplimiento del fin propuesto”, ha detallado el presidente del Parlamento de Ecuador en un comunicado.
La parlamentaria que propuso la investigación, Esther Cuesta -perteneciente a la bancada del partido del expresidente Rafael Correa, Unión por la Esperanza-, sostuvo su petición en “la necesidad de conocer la verdad de la represión durante la protesta social, hechos que constituyeron vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, ataques a los centros de paz”.
Ecuador estuvo inmerso en una crisis política desde el inicio el pasado 13 de junio de una huelga nacional durante 18 días convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones indigenistas con motivo de la inflación y el encarecimiento del coste de vida en el país.
Con motivo de las protestas, el Gobierno de Guillermo Lasso declaró el estado de excepción hasta en seis provincias, movilizando refuerzos de la Policía para “mantener activos” los servicios básicos para que las ciudades no se paralizasen.
