El parlamento de Nicaragua canceló este martes la personalidad jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua, tras 94 años de existencia, acusada por el gobierno de Daniel Ortega de no registrarse como un agente extranjero.
La cámara, controlada por miembros afines al presidente, prohibió con el apoyo de 75 de los 91 diputados otras 82 oenegés, entre ellas la Fundación Enrique Bolaños, del expresidente homónimo (2001-2007), acusadas de saltarse el ordenamiento jurídico.
Sin ningún debate en el pleno de la cámara, las cancelaciones de personerías fueron aprobadas mediante un decreto legislativo presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, a petición del Ministerio de Gobernación (Migob), entidad del gobierno que supervisa a las oenegés.
El Migob alega que las entidades canceladas “han transgredido e incumplido con sus obligaciones” y han “obstaculizado el control y vigilancia” que realiza a esas entidades.
Entre las faltas señaladas a las oenegés canceladas están las de “incumplir con el registro como agente extranjero; no reportar sus informes financieros y no promover la transparencia en el uso de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fueron acorde con los objetivos y fines por los que se les otorgó la personalidad jurídica”.
La Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL), con sede en Managua, fue creada en agosto de 1928, y entre sus miembros destacados figuran el escritor Sergio Ramírez y la novelista y poetisa Gioconda Belli, ambos radicados en España.
La ANL había rechazado los señalamientos y mencionó que trabaja “en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española”.
El gobierno aprobó a finales de 2020 una ley que obliga a organizaciones de la sociedad civil y personas jurídicas que reciben fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros y a rendir cuentas de cómo gastan el dinero o cómo utilizan las donaciones que reciben.
Con estas 83 oenegés aumenta a más de 200 las entidades canceladas por el gobierno de Ortega desde 2018, en el contexto de la crisis detonada por las protestas antigubernamentales que dejaron un saldo de más 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno acusa a las oenegés ilegalizadas de emplear los fondos recibidos para intentar un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.
