Autoridades costarricenses lanzaron este jueves 20 de agosto una “operación masiva” para desarticular una red dedicada a la compra de oro extraído ilegalmente, con graves impactos ambientales, para exportar a ciudades estadounidenses, informó la policía judicial.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ, policía judicial), Walter Espinoza, dijo que esa entidad y la fiscalía emprendieron “una operación masiva en distintos sitios del país” para desmontar la estructura de exportación de oro.
Gran parte del mineral proviene de la zona norteña de Crucitas, cerca de la frontera con Nicaragua, donde la minera canadiense Infinito Gold pretendió desarrollar un proyecto de extracción de oro, pero fue bloqueado por la justicia por el impacto ambiental que tendría.
No obstante, el terreno de unas 70 hectáreas fue invadido por mineros ilegales, conocidos como "coligalleros", quienes han causado graves daños ambientales y contaminado ríos por el uso de cianuro y mercurio.
Espinoza dijo que la investigación comenzó en abril de 2019 cuando la policía aeroportuaria alertó al OIJ sobre un "aumento desproporcionado" en la cantidad de oro que se estaba exportando por el principal aeropuerto del país, cerca de San José.
"A partir de ese dato iniciamos análisis de lo que estaba sucediendo (...) y pudimos establecer que había un grupo de personas dedicadas de manera organizada a sacar oro de nuestro país en cantidades importantes", agregó.
La investigación reveló que esas personas adquirían el oro de coligalleros de Crucitas y de otros que operan en el parque nacional Corcovado, en la sureña Península de Osa.
Desde abril de 2019 hasta la actualidad han salido por el aeropuerto 2.500 kilos de oro, valorados en 60 millones de dólares, dirigidos principalmente a las ciudades estadounidenses de Houston, Los Angeles y Miami.
Para desarticular la red, el OIJ realizó 33 allanamientos en los que buscó detener a 36 personas, de las cuales fueron arrestadas 23 en las primeras horas de la operación.
Espinoza dijo que también se realizan incursiones en la zona de Crucitas y Corcovado para determinar los posibles delitos ambientales de la minería ilegal.