La Policía surcoreana se encuentra analizando los registros telefónicos personales del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, como parte de la investigación sobre su declaración fallida de ley marcial a principios de este mes, según dijeron este lunes las autoridades.
El equipo de investigación especial de la policía que maneja el caso está revisando los registros en busca de conversaciones con individuos presuntamente involucrados en la imposición de la ley marcial el 3 de diciembre después de obtenerlos mediante una orden judicial.
También están trabajando para lograr acceso a un teléfono seguro utilizado por Yoon y sus registros del Servicio de Seguridad Presidencial.
La misma fuente explicó que las autoridades han logrado un documento que Yoon entregó al ministro de Finanzas Choi Sang-mok, durante una reunión del Gabinete que tuvo lugar antes de la imposición de la ley marcial.
Este texto describe medidas para recortar gastos operativos de la Asamblea Nacional (Parlamento) y para aprobar el presupuesto bajo la ley marcial.
Por el momento, la Policía surcoreana ha interrogado a diez de los doce asistentes a la reunión de Gabinete del 3 de diciembre, mientras que todavía no ha interrogado a Yoon ni al ex ministro de Defensa, Kim Yong-hyun.
A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete −como Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva− y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección.
Este último es el más grave de ellos e incluso puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, delito que, para aquellos a los que se considera líderes del levantamiento, se salda con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual exista una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
Yoon fue destituido a mediados de mes por el Parlamento con los votos de al menos 12 diputados de su formación política, el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), y sus funciones las ejerce ahora de manera interina el primer ministro, Han Duck-soo.
Yoon queda ahora a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.