El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, decretó este miércoles estado de emergencia nacional para atender a las comunidades impactadas por las lluvias de las últimas semanas, que dejaron cientos de damnificados.
La declaratoria busca dar apoyo a los afectados tras la influencia indirecta del huracán Julia entre los días 8 y 10 de octubre, especialmente en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito y Osa, situados en el sur del país centroamericano.
Además, el anuncio pretende atender el impacto ocasionado por las lluvias ocasionadas por ondas tropicales en los cantones de Alajuelita, Aserrí y Desamparados, todos en la provincia de San José entre los días 16 y 19 de setiembre.
“Esto nos permite gastar más rápido para evitar una tragedia en escuelas, en un puente y también reparar los daños ya incurridos. Pero ¿qué sigue? (...) Tenemos espacio para solicitar al BCIE (Banco Centroamericano de Desarrollo) un crédito especial de emergencia para atacar el problema de riesgo inminente y reconstruir el país de 700 millones de dólares”, explicó Chaves en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Según Chaves, el BCIE tramitará ese crédito próximamente con carácter de urgencia.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, señaló que para la inclusión prioritaria de proyectos de recuperación y reconstrucción, “las instituciones públicas competentes tendrán un plazo de treinta días naturales a partir de la vigencia del presente decreto para remitir el reporte de los daños que requieran de atención prioritaria”.
Entre las prioridades, se encuentran las de control o mitigación de daños (diques, muros y otros), destinados a que futuros eventos no vuelvan a generar un estado de emergencia similar, así como la recuperación de viviendas de interés social.
Las fuertes lluvias han dejado daños en 7 rutas nacionales, 5 rutas cantonales y 23 puentes, seriamente dañados; 40 comunidades damnificadas y 407 viviendas afectadas.
El Ejecutivo también valora una declaratoria de riesgo inminente que se encuentra bajo estudio de las autoridades.