El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este jueves un “nuevo intento” del Ministerio Público (Fiscalía) por “socavar instituciones”, después de que la entidad allanara este mediodía el lugar donde miles de abogados eligen a un nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano.
“Lo que estamos observando no es un hecho aislado, sino un nuevo intento de socavar las instituciones y alterar el normal funcionamiento del Estado de Derecho”, expuso el presidente en un mensaje grabado y emitido en sus canales oficiales de comunicación.
“El envío de agentes del Ministerio Público para interferir con el proceso de votación en las mesas electorales tiene como objetivo amedrentar a los electores”, añadió el mandatario.
Las palabras del gobernante tienen lugar después de que la Fiscalía allanara la sede del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en el sur de la capital del país, donde más de 30.000 juristas están convocados para elegir a un nuevo miembro de la Corte de Constitucionalidad.
“La acción más importante hoy es ejercer el derecho al voto y no permitir que las acciones abusivas del Ministerio Público nos roben la libertad”, dijo Arévalo de León para instar a los abogados a emitir su sufragio, a dos horas del cierre de las votaciones.
Los comicios de este jueves definen a uno de los cinco magistrados para el próximo período (2026-2031). Los otros cuatro magistrados serán electos en las próximas semanas por el Congreso guatemalteco, la presidencia y la Universidad de San Carlos (estatal).
La elección de los magistrados es trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, según han advertido organismos locales, internacionales y el mismo presidente guatemalteco, Arévalo de León.
El allanamiento del Ministerio Público se registró hoy con un fuerte contingente de seguridad, compuesto por policías y fiscales con armas y gorros pasamontañas, en los dos centros de votaciones establecidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
La fiscal a cargo, Leonor Morales, indicó a periodistas que el caso se encuentra bajo reserva y que tiene como raíz una denuncia recibida la semana pasada, sin brindar más detalles al respecto, y puntualizó que las elecciones continuarán su marcha.
Morales es la misma fiscal que intentó tumbar los resultados electorales de los comicios de 2023 que llevaron a la presidencia a Arévalo de León.
Tras el allanamiento, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se reunió de urgencia para conocer una denuncia por supuesto “rompimiento del orden constitucional”.
Morales no quiso responder a periodistas sobre si había conflicto de intereses ya que uno de los candidatos de este jueves pertenece al Ministerio Público.
En la primera vuelta, a principios de mes, la elección fue ganada por los abogados Astrid Lemus y Luis Bermejo, opuestos a los intereses del Ministerio Público, según analistas.