El presidente de Haití, Jovenel Moïse, redujo drásticamente las atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas, que ha perseguido la corrupción de los distintos gobiernos que rigen el país desde 2008.
Según un decreto divulgado en la noche del sábado, los fallos de los jueces sobre el uso de los dineros públicos ya no serán vinculantes, sino meramente consultivos, y deberán emitirse en un plazo de tres a cinco días hábiles.
“Los fallos del Tribunal Superior de Cuentas y lo Contencioso Administrativo (...) no serán vinculantes para la Comisión Nacional de Contratación Pública, ni para las autoridades del Poder Ejecutivo” y “no podrán paralizar ni impedir la celebración de contratos, convenios y acuerdos”, señala el decreto presidencial.
En la exposición de motivos, se indica que la medida obedece a que “cualquier lentitud injustificada en la firma de los contratos (...) en los que participa el Estado es perjudicial para el desarrollo socioeconómico del país y para la mejora de las condiciones vida de la población”.
La medida concitó rechazo en organizaciones de la sociedad civil, que denuncian el poder que el gobierno actual ejerce sobre todos los poderes del Estado.
“Ya no había freno político debido a la ausencia del parlamento, y ahora deciden incapacitar a una institución de contralor creada por la Constitución, (...) dando rienda suelta a la corrupción”, denunció este domingo Vélina Charlier, dirigente de un movimiento ciudadano haitiano.
Desde enero de 2019, el Tribunal Superior de Cuentas elaboró tres voluminosos informes de auditoría sobre la pésima gestión de los fondos de PetroCaribe, un programa de ayuda ofrecido por Venezuela a varios países de la región, entre 2008 y 2016.
En uno de sus informes, los jueces acusan a Moïse de haber estado en el centro de un “plan de desvío de fondos” antes de asumir la presidencia.
Pese a las recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas y a las manifestaciones populares desde 2018 contra la corrupción, la justicia haitiana aún no ha procesado a las decenas de exministros y altos dirigentes involucrados en el escándalo de PetroCaribe.