Protestas contra el gobierno de Colombia y el abuso policial estallaron con violencia en Popayán, en rechazo a presuntos manoseos por parte de uniformados contra una joven de 17, quien se suicidó tras su liberación.
El Defensor del Pueblo (ombudsman), Carlos Camargo, denunció este sábado que en la ciudad del suroeste del país hubo “excesos y gravísimos abusos por parte de la policía, incluidos actos de agresiones sexuales (...) actos de terrorismo contra las instalaciones de Medicina Legal y de la Fiscalía General de la Nación con destrucción de evidencias y expedientes judiciales, el hurto de narcóticos incautados, bloqueos y violencia de todo tipo”.
Camargo también lamentó la muerte del joven Sebastián Quintero durante las protestas del viernes. Según organizaciones de derechos humanos y videos que circulan en redes sociales, el estudiante universitario al parecer falleció por el impacto de un gas lacrimógeno en el cuello.
Los colombianos completan 18 días de protesta contra el gobierno de Iván Duque, con jornadas más intensas que otras, pese a que han muerto 42 personas (un uniformado y 41 civiles), según la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos. El Ministerio de Defensa, que tiene a su cargo la policía, cuenta más de 1,500 lesionados entre manifestantes y agentes.
En Popayán, el caso de la menor de edad llevada a rastras y presuntamente manoseada por uniformados que disolvían una protesta se sumó a los reclamos de los manifestantes.
Oenegés han documentado múltiples abusos policiales y las denuncias han tenido eco en la comunidad internacional que, en cabeza de Estados Unidos, han pedido moderación a la fuerza pública.
En Madrid, en tanto, miles de colombianos salieron a la calle a manifestar en apoyo a las protestas antigubernamentales y para pedir al gobierno de y organizaciones de España que pongan sus ojos en su país.
Colombia pasa por una severa crisis social por cuenta del deterioro que trajo la pandemia y la represión de las protestas contra el gobierno, que intenta desactivar el descontento mediante negociaciones con los frentes inconformes que reclaman un Estado más solidario y una sociedad menos desigual.
Popayán estalló el viernes entre los desmanes, edificios públicos incinerados y fuertes choques con la fuerza pública.
El miércoles en la noche, una joven fue conducida hacia una sede de la Fiscalía por agentes que se enfrentaban con manifestantes. En un video que se hizo viral, se ve a la mujer gritando mientras la inmovilizan de pies y manos y la llevan hacia el sitio.
Según la Comisión de Garantías y Derechos Humanos, que acompaña las protestas desde hace más de dos semanas, la menor manifestó haber sido golpeada y manoseada. El jueves, la muchacha se suicidó en su casa.
La policía, que negó los abusos durante la detención, anunció la suspensión de cuatro uniformados implicados en el caso.
El ministro de Defensa, Diego Molano, lamentó su muerte y la de Sebastián Quintero pero insistió en que “nada justifica que se tome justicia por sus propias manos”.
Para Molano, los desmanes contra los edificios de la fiscalía y de la autoridad forense en Popayán fue “un ataque a la institucionalidad, un acto delincuencial premeditado y organizado” por disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 con la exguerrilla.
El ministro ofreció una recompensa equivalente a 13,500 dólares a quien dé información que permita capturar a los responsables y anunció un despliegue adicional de militares y policías antidisturbios en Popayán sin mencionar el número de uniformados.
Las manifestaciones continúan este sábado en distintos puntos de Bogotá, con expresiones artísticas en rechazo a la violencia policial y las políticas del gobierno conservador.
