El domingo 4 de septiembre el 75% de los 15 millones de chilenos habilitados para votar asistieron al plebiscito electoral para decidir entre las opciones de “Rechazo o Apruebo” el texto constitucional discutido, redactado y adoptado por la Asamblea Nacional Constituyente, elegida luego que el revolcón popular que puso “patas para arriba” la institucionalidad de aquel país austral y originó que mediante el voto del 78% de los chilenos se estableciera el mandato irrevocable del cambio de la Constitución de la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte, de 1980. En la reciente consulta el pueblo chileno se manifestó con un “contundente” 62% por el rechazo a la constitución redactada por la Asamblea Constituyente.
Conceptualmente rechazaron la visión “maximalista refundacional” del texto surgido de la Asamblea Constituyente. Y, específicamente, el aspecto plurinacional del Estado chileno con una población total de 19.12 millones de habitantes (2020) donde los descendientes “originarios” declarados solo constituyen 2.18 millones o el 13% de la población total. El cambio del Poder judicial un “sistema de justicia”. El Senado (una de las cámara del Órgano Legislativo) por una especie de “bicamerismo asimétrico” y en el substrato, el “derecho de los no nacidos”, envuelto en la bruma conceptual -”disidencia sexual y de género”- del nuevo texto constitucional.
En síntesis, el pueblo de Chile dijo: ni la constitución “pinochetista”, ni la constitución de la “izquierda radical”; el “rechazo” es por una mejor constitución. Por una constitución que exprese los legítimos reclamos de los “indignados” de Chile. Es evidente que la “calle” no se siente feliz con lo que salió de la constituyente. Por esa razón se rechazó la constitución escrita por los Diputados de la Asamblea Constituyente chilena. Porque la propuesta constitucional no institucionalizó las reales aspiraciones consensuadas por la mayoría de los chilenos y que han “madurado” políticamente.
Sin duda, los miembros de la Asamblea Constituyente que redactaron el texto ofrecido en la consulta popular del pasado 4 de septiembre, tuvieron una visión política obnubilada de las revueltas populares. Las demandas de los chilenos insurrectos eran simples y se sintetizaban en las angustias y vicisitudes sufridas por el pueblo y, en particular, por las capas medias a causa de los abusos y excesos el régimen militar y de la democracia formal militarista o continuista y de su modelo neoliberal de exclusión y pobreza. El mandato era simple: educación de excelencia para el siglo XXI, trabajo decente y fin a la corrupción pública. Dicho de otro modo y parafraseando a políticos estadounidenses: “Es la economía –estúpidos- no la plurinacionalidad, el Senado y la disidencia sexual”.
Como quiera que la política es el arte de lo posible. Los panameños debemos aprender del ejemplo chileno. De sus dos ejercicios democráticos. Primero, sin obcecaciones ni exclusiones, auscultar si ya ha madurado en la conciencia nacional la necesidad de cambios estructurales que requieren la permuta de la vetusta y autoritaria colcha de retazos jurídicos de 1972 (someter a consulta si el pueblo panameño desea o no cambiar la Constitución de excesivo poder presidencial) y de ser aprobado el referéndum; derivar a convocar a la elección de una Asamblea Constituyente para consensuar en ese escenario político de representación popular los cambios posibles; entonces proceder redactar, discutir y aprobar la nueva Carta Magna y finalmente someterla a plebiscito nacional. Es decir, más democracia, más democracia y más democracia.
El autor es abogado y analista político.
