José Carlos Cueto - Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia
Antes del ataque que dejó al menos 20 muertos en el suroeste de Colombia el pasado sábado, alias Marlon ya estaba identificado como el cabecilla de una de las estructuras guerrilleras con mayor capacidad de daño en el país.
Ahora cualquier información sobre su paradero vale 5.000 millones de pesos colombianos, alrededor de US$1,4 millones.
El presidente Gustavo Petro atribuye a este guerrillero la autoría del más letal de las decenas de ataques ocurridos en los departamentos de Cauca y Valle de Cauca en los últimos días.
Este se produjo en un tramo entre las ciudades de Cali y Popayán en la Vía Panamericana, la carretera que conecta a casi la totalidad del continente.
Un cilindro con artefactos explosivos detonó en la autopista y acabó con la vida de 15 mujeres y 5 hombres. También dejó decenas de heridos.
Los vehículos alrededor quedaron destrozados. La explosión abrió un cráter enorme en el pavimento. Imágenes de cuerpos tendidos y cubiertos por sábanas circularon en redes sociales.
“Los que atentaron y mataron (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar”, dijo Petro en X.
Colombia está a poco más de un mes de celebrar elecciones presidenciales.
Analistas consultados por BBC Mundo ven en las acciones atribuidas a “Marlon” un “claro interés” de grupos armados para crear caos y desestabilización.
Líder disidente
El nombre real del guerrillero es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, cabecilla de la estructura Jaime Martínez. Ésta pertenece a otra estructura más grande llamada Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las FARC era la guerrilla más grande y antigua del país. En 2016 muchos de sus miembros firmaron la paz con el gobierno y se desmovilizaron.
Otros guerrilleros, en desacuerdo, mantuvieron las armas y continuaron su lucha, hoy también asociada a actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control de territorios.
Idrobo Arredondo disintió de la paz.
“En 2013, todavía dentro de las FARC originarias, fue capturado en una emboscada a la policía. También está acusado del homicidio de un periodista”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El analista cuenta que “Marlon” fue incorporado para el proceso de paz y en 2017 fue liberado, con la condición de participar en él.
“Pero a fines de 2017 viajó al Cauca, se integró a otra estructura y volvió a sus orígenes. Es un firmante de paz que retomó las armas”, recuerda Arias.
En 2022, tras la muerte de su superior, se convirtió en el comandante número uno de la Jaime Martínez.
Arias le atribuye ser “el dinamizador de muchos ataques contra la fuerza pública”. Tiene a su mando a más de 500 hombres, según el investigador.
También se le relaciona con “terrorismo, reclutamiento de menores, secuestro, narcotráfico, homicidio y extorsión”, de acuerdo al Ministerio de Defensa.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, resta relevancia a su figura.
“Tiene cierta importancia que sea el cabecilla, pero hay que entender que en los grupos los cabecillas no son tan importantes. Capturas a uno y te salen otros dos, tres, cuatro. La recomposición de la violencia es muy compleja”, analiza Bonilla para BBC Mundo.
El ascenso de disidencias de las Farc
El EMC, la estructura más grande a la que pertenece la encabezada por “Marlon”, es liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.
Mordisco es uno de los hombres más buscados del país. Una fuente judicial reservada reveló a BBC Mundo que es uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Petro para capturar o dar de baja en su intento por debilitar a los grupos armados y forzarlos a negociaciones.
Las disidencias de Mordisco son uno de los grupos armados que más creció en el último año en Colombia, pasando de 3.279 integrantes en 2024 a 4.019 en 2025, según datos de la FIP.
Tienen presencia en el sur, oriente y occidente del país, siendo sus bastiones principales los departamentos del Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía, dice la publicación Insight Crime.
“Desde allí la estructura se expandió a Amazonas, en la frontera con Brasil y Perú; Putumayo, en la frontera con Ecuador; Casanare, Arauca, Tolima, y Huila. También tiene presencia en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, al occidente del país, en la costa del océano Pacífico”, añade este centro de análisis.
En total, en 2025 se reportó que los grupos armados en Colombia habían incorporado a unos 5.000 nuevos reclutas, aumentando hasta 27.000 efectivos.
El más numeroso es el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, con alrededor de 9.000 individuos. Le sigue el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con casi 7.000.
Otras disidencias de las antiguas Farc, como el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y la Segunda Marquetalia suman otros 5.500 combatientes, aproximadamente.
Estos grupos mantienen un creciente control territorial y de rentas ilícitas en varias zonas de Colombia, disputándose el dominio con otros actores a la vez que combaten a las fuerzas militares y amedrentan a civiles.
El suroeste es uno de los puntos más calientes del conflicto armado y una de las zonas más militarizadas del país.
En el Cauca, donde se dio el ataque atribuido a “Marlon”, la violencia se intensificó en 2025 con hostigamientos, emboscadas, explosiones y combates, según la Fundación Pares.
La violencia clásica se mezcla con “el uso de drones cargados con explosivos, carros bomba, motobombas, volquetas acondicionadas como lanzadoras y la instalación de cilindros en zonas urbanas y rurales”, dice el análisis de Pares.
Pares apunta que la expansión de ataques de grupos como el Jaime Martínez contra infraestructura civil y el incremento de explosiones en zonas pobladas han ampliado el impacto humanitario y económico, “profundizando la percepción de inseguridad en la población civil”.
La seguridad antes de las elecciones
La seguridad es uno de los temas centrales de la campaña de las presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta está prevista para el próximo 31 de mayo.
Petro, exguerrillero del M-19, llegó al poder prometiendo una ambiciosa estrategia de “paz total” con la que quería someter a los grupos armados a través de negociaciones.
Pero a meses de terminar su mandato la iniciativa no ha cosechado los resultados esperados, con varias conversaciones suspendidas.
Los grupos armados se expanden y la crisis de violencia en varios puntos del país aumenta la percepción de inseguridad en la ciudadanía.
Ante esto, el gobierno de Petro adoptó en los últimos meses un enfoque definido por especialistas como de “zanahoria y garrote”: aumentar la presión militar sobre los grupos, pero sin renunciar a la posibilidad del diálogo.
Bonilla opina que las acciones recientes del EMC buscan crear la sensación de que son más poderosos de lo que realmente son.
Y que en la medida que se sienta caos y descontrol en el país, episodios como el del pasado fin de semana podrían favorecer más a las agendas de la oposición, que acuden a las elecciones con un discurso de mayor línea dura contra el crimen y las guerrillas.
En la primera vuelta competirán Iván Cepeda, candidato petrista del partido Pacto Histórico, el derechista Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, del partido conservador Centro Democrático (CD) del expresidente Álvaro Uribe.
Cepeda, favorito en las encuestas, ha destacado por participar en varias mesas de negociación con grupos armados.
De la Espriella y Valencia encarnan esas propuestas de mano dura con las que buscan convencer al electorado colombiano.
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