La Fiscalía de Colombia reactivó este martes las órdenes de captura contra 46 miembros de tres grupos armados que negociaron la paz con el Gobierno de Gustavo Petro, luego de que el actual presidente, Abelardo de la Espriella, diera por terminadas las conversaciones con estas organizaciones.
La fiscal general Luz Adriana Camargo reactivó las órdenes de captura contra 27 miembros de la disidencia de las FARC Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), incluida la de su líder, alias Calarcá; trece de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), y seis de las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
“La medida responde a la terminación de las mesas de diálogo con estos grupos, decidida por el Gobierno Nacional el pasado 28 de agosto, y a la consecuente revocatoria de la designación de sus voceros mediante la cual finaliza el beneficio de suspensión que cobijaba dichas órdenes”, agregó la Fiscalía en un comunicado.
El domingo pasado, De la Espriella confirmó que decidió dar por terminadas las conversaciones con estos tres grupos armados ilegales, iniciadas por su antecesor, el líder de izquierdas Gustavo Petro, alegando que esas organizaciones no tienen voluntad de paz.
“He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantenerlas”, expresó el mandatario en una alocución.
El EMBF hizo parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, pero en 2024 se separó de ese grupo por su negativa a continuar los diálogos de paz con el Gobierno de Petro.
La CNEB, por su parte, surgió de una escisión de otra disidencia llamada Segunda Marquetalia, por divisiones internas, y está compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y los Comandos de Frontera (CDF).
La política de ‘paz total’, buque insignia del anterior Gobierno, naufragó por el fracaso de los diálogos con los distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Estado Mayor Central, que fueron suspendidos por el propio Petro alegando falta de voluntad de paz.
Esa ambiciosa propuesta también incluía el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados fueron pocos.