El Gobierno de Guatemala ha ordenado un refuerzo de las medidas de seguridad en torno al presidente electo, Bernardo Arévalo, y su ‘número dos’, Karin Herrera’, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamase una mayor vigilancia.
Según la CIDH, Arévalo ha sufrido “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte”, especialmente después de alzarse con la victoria en la segunda vuelta electoral del 25 de junio, por lo que pidió medidas cautelares para él.
El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, ha explicado que por “instrucción” del presidente saliente, Alejandro Giammattei, el futuro tándem presidencial cuenta con más medidas de seguridad, lo que pasa entre otras cosas por un mayor despliegue de la Policía y constantes “análisis de riesgo”.
Barrientos ha explicado que su Ministerio se ha reunido con “personal de confianza” de Arévalo para afinar los detalles de esta vigilancia, según declaraciones compartidas en sus redes sociales. La toma de posesión del nuevo mandatario no está prevista hasta el 14 de enero de 2024.
