La Policía Nacional de Nicaragua aceptó que un grupo de opositores presos recibieran visitas, tras 86 días sin permitirlo, el periodo más largo del que se tiene conocimiento, informaron este domingo sus allegados.
Cerca de una veintena de los denominados “presos políticos” pudieron ser vistos el sábado por sus familiares, quienes por seguridad han decidido no informar de las visitas, dijo a EFE un allegado de los convictos.
Las visitas fueron aceptadas cuatro días después de que los familiares emitieron un “llamado urgente”, porque no sabían nada de los 76 opositores, algunos en huelga de hambre, recluidos en la sede de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote”, que ha sido denunciada por los organismos defensores de los derechos humanos como un supuesto centro de torturas de la Policía Nacional.
Los reclusos pagan penas de entre 8 y 13 años por delitos económicos y otros considerados “traición a la patria”, de los cuales se han declarado inocentes, en juicios que organizaciones no gubernamentales (ONG) como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, o la Comisión Permanente de Derechos Humanos, han señalado que se dan fuera de la legalidad.
Entre los “presos políticos” está la exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, siete exaspirantes a la Presidencia, así como defensoras de los derechos humanos, periodistas, empresarios, estudiantes, campesinos, y otros.
El pasado martes los familiares expresaron su preocupación por los “presos políticos”, porque además de permanecer incomunicados supuestamente sufren torturas, están expuestos al frío, algunos bajo luz permanente o penumbra constante durante 24 horas del día y no cuentan con alimentación ni atención adecuada a su salud, entre otros.
Según datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actualmente en Nicaragua hay al menos 220 “presos políticos”, a quienes se suman 22 denuncias de nuevos arrestos dadas a conocer en el contexto de las elecciones municipales del pasado 6 de noviembre.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha ordenado la liberación de decenas de estos convictos, tras acoger las medidas provisionales dictadas por la CIDH.
Nicaragua vive una crisis política y social que se inició en abril de 2018 y que se acentuó tras la cuestionada reelección del líder sandinista como presidente en 2021.