El gobernador del venezolano estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, afirmó este domingo que está en manos de Colombia el que se logre restituir la tranquilidad de la frontera que comparte con Venezuela, y cuya crisis mantiene en suspenso al territorio fronterizo.
En una entrevista con Efe en la zona, Vielma Mora evalúo la situación de la frontera entre Colombia y Venezuela como "muy complicada, y difícil", sobre todo porque, a su juicio, el Gobierno colombiano no lucha contra los problemas de seguridad en la zona, marcados principalmente por el contrabando y el paramilitarismo.
Estos problemas, que han generado la dura respuesta de Venezuela y una crisis diplomática con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, han proliferado, a su juicio, por la permisividad de las autoridades colombianas en varios renglones que él enumera.
Uno de ellos son la "leyes decretos y resoluciones colombianas a discrecionalidad para el manejo de casas de cambio en la frontera donde reciben billetes venezolanos", sobre los que en el paÍs petrolero rige un estricto control de cambio.
Estas casas de cambio "son todas estructuras espejo que colocan el valor de la moneda venezolana a discreción de los paramilitares colombianos", afirmó el gobernador.
De acuerdo con las autoridades venezolanas, en la colombiana ciudad de Cúcuta operan unas de 3 mil casas de cambio, y poco más de una docena en las ciudades venezolanas San Antonio y Ureña, en las que un peso colombiano se cotiza en 4.90 bolÍvares.
Un segundo renglón es el tráfico colombiano de miles de toneladas de carbón que pasan a través de Venezuela sin el pago de impuestos y al que Vielma Mora suma los daños por contaminación.
Además está, añadió, la inacción en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, que según el gobernador, "es una economÍa que maneja 7.000 millones de dólares en la frontera" y de la que no da cuentas a nadie.
Según Vielma Mora, Venezuela tomó la medida luego de que Colombia incumpliera con los compromisos acordados hace más de un año en Cartagena de Indias, cuando se comprometió a poner coto a los problemas antes enumerados.
"Esto es una medida después de un año y 27 días esperando", dijo.
"Del lado colombiano no hay presencia militar ni policial, eso dificulta las acciones contra las bandas paramilitares y contra la extorsión, el contrabando, el abigeato (robo de animales), y hace a la población supervulnerable", aseguró el gobernador refiriéndose a la vigilancia de la lÍnea fronteriza que ha sido por años un paso libre para el trafico ilícito.
Actualmente, la autoridad venezolana considera que hay resultados positivos en el estado que gobierna, luego de que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, ordenara el cierre de la frontera por un periodo indefinido y un estado de excepción para seis municipios por un plazo de hasta 120 días con el fin de reorganizar la frontera.
Hasta ahora el cierre afecta a 10 municipios del estado, seis identificados como la Zona 1 (Ureña, Junín, Bolívar, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, y Rafael Urdaneta), y sobre los cuales se ejerce la medida de estado de excepción que podría permanecer en vigor hasta el 21 de diciembre de este año.
Desde ayer, se han añadido otros cuatro nuevos municipios (Ayacucho, García de Hevia, Lobatera y Panamericano), identificados como la Zona 2, sobre los que fue ordenado el cierre hace dos días, y sobre los que, según el gobernador, se dictará también un estado de excepción en los próximos días.
"En la Zona 2 el día miércoles o jueves debe dictarse el estado de excepción para que la comisión delegada de la Asamblea Nacional (parlamento) haga el rigor respectivo", aseguró. Con esto serían diez, de 29 municipios, del fronterizo estado Táchira, los que estarían bajo régimen especial del estado excepción, controlados por autoridades militares.
