El pleno del Senado chileno comenzó este lunes, 27 de enero de 2025, la discusión de la reforma de pensiones, una de las grandes promesas de campaña del presidente, Gabriel Boric, con la que se busca mejorar las bajas jubilaciones mediante un aumento de la cotización y la creación de un seguro social.
El proyecto, que ha sufrido modificaciones sustantivas desde que fue presentado por la Administración de izquierdas en noviembre de 2022, supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
“Hasta ahora, mucha gente se refiere al sistema de pensiones chileno como el sistema de AFP (acrónimo de administradoras de fondos de pensiones). Creo que con todos los cambios que se están haciendo, aún cuando sigan existiendo administradoras privadas, ya no correspondería que le llamemos sistema AFP, porque pasa a ser un sistema de pensiones mixto”, dijo el domingo en una cadena local el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
La reforma, que de ser aprobada en el Senado podría ser votada y despachada esta misma semana en la Cámara de Diputados, busca beneficiar a cerca de 2.8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14% y un 35%.
El proyecto, consensuado entre el Gobierno y la coalición de derecha Chile Vamos, propone aumentar la pensión básica universal de 214 mil pesos (216 dólares al cambio de hoy) hasta 253 mil (250 dólares) y subir de manera gradual la cotización del 10% actual al 17%, a cargo del empleador.
Los empresarios pasarán a pagar entonces el 7% adicional de cotización más el 1.5% que actualmente pagan en concepto de seguros por invalidez, que se repartirá entre las cuentas de capitalización individual (4.5 %), un nuevo seguro social (2.5 %) y una especie de préstamo de los trabajadores al Estado que se les devolverá con intereses cuando se jubilen (1.5 %).
Gran preocupación ciudadana
El proyecto no contenta ni a la izquierda más radical, que aspiraba a cambiar profundamente el sistema y eliminar las AFP tal y como proponía el proyecto original del Gobierno, ni a la extrema derecha, que es contraria a cualquier sistema de reparto.
Durante las negociaciones con la oposición para sacar adelante el proyecto, el Gobierno de Boric también renunció a crear una gestora pública de pensiones que compitiera contra las AFP.
“Hay un consenso bien fuerte en que esta no es la reforma del Gobierno de Boric, esta es la reforma de la política de Chile, con la que finalmente la ciudadanía va a poder decir que, en vez de dedicarse solo a pelear, se dedicaron a construir algo bueno”, indicó el sábado el senador de derecha Felipe Kast tras la aprobación de la reforma en una comisión.
Las pensiones llevan años en la lista de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.
Instaurado en 1981, el sistema chileno fue pionero en la región en desechar el modelo de reparto y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10% de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres), tutelada por una de las siete AFP existentes.
Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales, mientras que sus detractores consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.
La personas que se jubilaron en 2023 recibieron una pensión promedio por parte de las AFP de 184 mil pesos (184 dólares), según la Fundación Sol.
Ninguna de las reformas en los segundos mandatos de Michelle Bachelet (2014-2018) y Sebastián Piñera (2018-2022) salieron a flote y solamente obtuvieron logros parciales como la creación de la pensión universal para aquellos sectores más vulnerables a los que no alcancen las cotizaciones.