El gerente general de una hidroeléctrica en Honduras se convirtió este lunes 5 de julio en el octavo sentenciado por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, una férrea opositora al proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena.
“Roberto David Castillo ha tenido participación en la presente causa como coautor en el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres”, dijo una juez al leer la sentencia en audiencia oral pública.
El tribunal convocó a audiencia el 3 de agosto para definir los años de prisión para Castillo, gerente general de Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA) y exmilitar hondureño egresado de la escuela militar estadounidense West Point.
Según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, el Código Penal establece una pena de 20 a 25 años de prisión para ese tipo de delitos.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada por encargo de DESA porque ella se oponía --con manifestaciones de indígenas lencas-- a la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque por parte de esa empresa, precisó la sentencia.
Miembros del Copinh, que habían instalado un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia para esperar el fallo, celebraron la decisión con petardos, cantos y bailes.
En su declaración en el juicio oral y público, que duró 48 días, Castillo agradeció el apoyo del Cohep, organismo cúpula de los empresarios hondureños, y de la asociación de empresas de energía renovable, lo que ocasionó preocupación en el equipo de abogados acusadores por la influencia de esos organismos en el proceso.
Unos sesenta eurodiputados habían demandado en una declaración la semana pasada al Estado hondureño “que cumpla con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación adecuada, efectiva y pronta para las víctimas, tanto a la familia de Berta Cáceres como a la sociedad hondureña en su conjunto”.
En la audiencia se reveló el contenido de comunicaciones telefónicas que hubo entre Castillo y otras siete personas que ya fueron sentenciados en diciembre de 2019 a entre 30 y 50 años de prisión por el asesinato de la ambientalista, ganadora del Premio Goldman de medioambiente 2015.
La decisión del tribunal “es un granito de arena en la justicia por el asesinato de mi madre”, dijo Laura Zúniga. “Hoy nos sentimos alegres. El pueblo hondureño está harto de tanta impunidad y muerte”, agregó.
“Falta el siguiente escalón”, subrayó. La familia de Cáceres y la dirigencia del Copinh exigen a la justicia el castigo de Castillo y de los socios de DESA, miembros de influyentes familias de banqueros en el país.
