Sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, y un grupo de mineros bajo el sistema de cooperativas, retomaron sus protestas este lunes en contra del decreto que retiró la subvención a los combustibles, que estuvo vigente por más de 20 años.
La COB mantiene una huelga indefinida desde el pasado lunes que realizan mineros que trabajan para el Estado y federaciones de maestros.
“Vemos día a día que se están sumando más sectores, que se están dando cuenta que este decreto maldito pone en venta nuestro pueblo boliviano”, dijo a EFE el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, durante una marcha en la ciudad de La Paz.
Argollo anunció que un grupo de mujeres mineras comenzó esta jornada una huelga de hambre “hasta que se abrogue el decreto”.
“Me duele que mis compañeras tomen esta medida extrema para conmover y tocar el corazón de los gobernantes y que no sean insensibles”, señaló el dirigente.
Beatriz Choque, representante del distrito minero de Porco, en la región andina de Potosí, afirmó que junto a sus compañeras comenzó una huelga de hambre. “Lucharemos de pie hasta el triunfo mis queridos bolivianos, por nuestros hijos y por nuestros nietos”, añadió.
En Cochabamba (centro) un grupo de mineros de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) también marcharon por las calles principales de la ciudad en contra del decreto.
“Las movilizaciones van a ser indefinidas hasta que se pueda abrogar el decreto. El Gobierno está llamando a diálogo pero no quiere retroceder abrogando el decreto, nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias”, dijo el dirigente Praxides Castañón.
La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el lunes pasado a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado y maestros.
Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y una mayoría de mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, mientras que las marchas de la COB han sido rechazadas por la población en La Paz.
Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con el presidente Rodrigo Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo porque el ente sindical condicionó el diálogo a que primero el Ejecutivo abrogue el decreto, algo que el Gobierno ha asegurado que no ocurrirá.
El decreto 5503, que rige desde hace poco más de una semana, estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel con respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2,750 a 3,300 bolivianos (395 a 474 dólares) y aumentos del bono para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El Gobierno defiende que ya no era sostenible mantener la subvención y asegura que su retiro garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares.
