Un singapurense de origen tamil, Tangaraju Suppiah, fue ahorcado este miércoles en la ciudad-Estado asiática por ser cómplice en el tráfico de un kilogramo de marihuana, la primera ejecución en la isla en lo que va de año.
Tangaraju fue ejecutado mediante la horca, el método empleado por Singapur, en la prisión isleña de Changi, confirmó a EFE Kokila Annamalai, portavoz de la oenegé Transformative Justice Collective, que aboga por la derogación de la pena capital en el próspero país del sudeste asiático.
El caso de Tangaraju ha acaparado la atención no solo por ser un delito de tentativa de tráfico de marihuana, cuyo uso medicinal se legaliza en cada vez más países, entre ellos Tailandia, sino también por las supuestas irregularidades del proceso, denunciadas por sus familiares y oenegés.
”Mi tío es un hombre muy bueno. No tenía educación ni dinero, pero siempre trabajó duro para cuidarnos. Ahorcarle es asesinar a un hombre inocente”, dijo la sobrina de Tangaraju en un vídeo, en el que implora clemencia al Gobierno de Singapur, publicado anoche en las redes sociales.
Ejecutado hoy a los 46 años, Tangaraju fue condenado a muerte en 2017 por “ser cómplice en una conspiración para traficar” un kilo de marihuana de Malasia a Singapur en 2013, si bien él y sus abogados afirman que nunca vio o tocó las drogas y que fue involucrado por terceros por unos intercambios por teléfono cuyo contenido tampoco se presentó en el juicio.
Consumidor de marihuana desde la adolescencia, “Appu”, como le llamaban sus allegados, creció en el seno de una familia humilde y pasó su juventud entrando y saliendo de centros de menores y de la cárcel. Fue a raíz de una detención por no presentarse a la policía para un control de drogas mientras estaba en libertad condicional cuando le implicaron en este caso.
Pese a las “débiles pruebas”, según denuncian sus familiares, la sentencia a muerte en 2017 fue refrendada por otra corte a finales de 2022, tras la última apelación posible.
Singapur tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del mundo, y contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana, defendiéndola como “componente esencial” de su sistema judicial y garantía para frenar el consumo, lo que cuestionan las oenegés.