Decenas de familiares de víctimas y sobrevivientes de la guerra civil en Guatemala (1960-1996) protestaron este viernes en el centro de la capital para demandar atención estatal tras denunciar que el gobierno los abandonó.
Los manifestantes, en su mayoría indígenas, caminaron en el centro capitalino portando pequeñas cruces de madera y flores al conmemorar el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado, que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según la ONU.
“Vemos un retroceso y el abandono total hacia las víctimas” de la guerra civil, dijo a la AFP durante la marcha Violeta Elías, quien busca justicia por la desaparición forzada en 1981 de dos tíos en el municipio occidental indígena de San Martín Jilotepeque.
Elías denunció que el presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) cerró en su primer año de gobierno el Programa Nacional de Resarcimiento, una de las instituciones que coordinaba las acciones de reparación integral.
Giammattei “en ningún momento se ha acercado a nosotros como víctimas y al contrario ha tomado decisiones erróneas al cerrar instituciones que estaban plasmadas desde los Acuerdos de Paz”, que pusieron fin al conflicto, declaró por su lado Manuel Farfán.
El mandatario derechista también desmanteló la Secretaría de la Paz, creada tras la firma del armisticio el 29 de diciembre de 1996, y en su lugar creó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).
“Hemos tenido ciertos acercamientos con Copadeh, pero es una institución sin fundamento, no tiene capacidad política para poder resolver todos los problemas que hay”, agregó Farfán, familiar de una de las personas desaparecidas registrada en documentos del Ejército conocidos como el “Diario Militar”.
“Ha sido nefasto este tiempo del gobierno de Alejandro Giammattei”, lamentó.
El día nacional se conmemora por la fecha en la que en 1999 se presentó el informe Memoria del Silencio de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de la ONU, que responsabilizó del 93% de las violaciones de derechos humanos durante la guerra a las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente al Ejército.
En la marcha también rechazaron la intención de reelección de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Washington, que la incluyó el año pasado en un listado de “actores corruptos”.
