En Argentina, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una investigación para determinar si Andrés Vázquez, jefe de la Dirección General Impositiva (DGI) desde octubre pasado, incurrió en delitos al adquirir tres propiedades en Estados Unidos, valoradas en más de 2 millones de dólares, mediante una estructura societaria en paraísos fiscales.
Las propiedades no figuran en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), como exige la Ley de Ética Pública, según la investigación periodística de La Nación de Argentina, bajo el título: “Andrés Vázquez, nuevo jefe de la DGI, compró a través de sociedades en el exterior tres inmuebles en Miami por $2 millones que no declaró en la Oficina Anticorrupción”.
El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la PIA, ordenó abrir el expediente y solicitó documentación clave, incluyendo información del diario La Nación, que reveló detalles de las propiedades adquiridas por Vázquez a través de sociedades offshore constituidas en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
La PIA es el órgano especializado del Ministerio Público Fiscal en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración pública nacional y de las empresas o sociedades que reciben aporte estatal.
Operaciones inmobiliarias bajo la lupa
Según La Nación, Vázquez inició sus compras inmobiliarias en enero de 2013, cuando adquirió dos propiedades en Miami a través de Alcorta Corp, una sociedad panameña controlada por una firma en las Islas Vírgenes Británicas. Posteriormente, en 2015, adquirió un tercer inmueble en Sunny Isles mediante Pompeya Group Corp, otra sociedad panameña.
Las propiedades son: unidad 3504 en el complejo Icon Brickell, Miami, adquirida por 710,000 dólares; unidad 2811 en el edificio 1060 Brickell Avenue, Miami, comprada por 350,000 dólares; suite 904 en Chateau Beach Residences, Sunny Isles, adquirida por 980,000 dólares.
En 2018, Alcorta Corp vendió una de las propiedades, pero Vázquez continuó vinculado a Galanthus Capital Limited, sociedad holding que controla las firmas panameñas propietarias de los otros dos inmuebles, valorados en casi 1.7 millones de dólares, de acuerdo con la investigación periodística.
Posibles delitos
De acuerdo con la Ley de Ética Pública argentina, los funcionarios como Vázquez deben detallar todos sus bienes, incluidos los de su cónyuge, en sus declaraciones juradas. La omisión de estos bienes podría constituir el delito de “omisión maliciosa”, con penas que incluyen inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Asimismo, Vázquez podría enfrentar acusaciones de evasión tributaria, enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró que Vázquez ya había sido sobreseído en 2022 por el juez federal Ariel Lijo, calificando el caso como un “tema del pasado”. Sin embargo, la PIA tiene facultades para iniciar investigaciones de oficio y evaluar posibles irregularidades administrativas y hechos de corrupción.
Vázquez no incluyó estas propiedades ni su participación en Galanthus Capital Limited en su última declaración jurada disponible de 2023. En ella, solo reportó tres cuentas bancarias en Estados Unidos con depósitos inferiores a 3,000 dólares y propiedades en Argentina.
La PIA podría presentar una denuncia penal ante los tribunales federales si encuentra indicios suficientes de delitos en las acciones de Vázquez.
La investigación, en colaboración con organizaciones internacionales como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), apunta a esclarecer el entramado societario y financiero del funcionario.
