La Corte Suprema de Brasil rechazó este domingo el recurso en el que un grupo de abogados pedía la suspensión de la toma de posesión el próximo miércoles de 11 diputados bolsonaristas acusados de haber incitado los ataques golpistas del 8 de enero contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La sentencia en la que archivó la petición para que los parlamentarios sean sancionados fue dictada este domingo por el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los 11 miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), luego de recibir un parecer en que la Fiscalía manifestó su posición contraria a la petición.
La Fiscalía alegó en su parecer que no existen pruebas de que los acusados incitaron los actos antidemocráticos y que los diputados ya recibieron el diploma que los acredita como elegidos, por lo que están protegidos por el fuero parlamentario.
Moraes coincidió con la opinión de los fiscales y aclaró que algunos de los acusados que incitaron los actos golpistas en mensajes en sus redes sociales ya son investigados por la Corte Suprema.
Igualmente alegó que ya venció el plazo que tenían los partidos o los candidatos para presentar recursos para intentar despojar de su mandato parlamentar a los diputados y senadores que fueron elegidos o reelegidos en octubre pasado y que asumirán sus curules el miércoles, cuando comienza el nuevo año legislativo.
“En este momento, las eventuales consecuencias de las conductas mencionadas sobre los mandatos de los diputados acusados tienen que ser analizadas por el Consejo de Ética de la Cámara de los Diputados y no por el Supremo”, afirmó el magistrado en su sentencia.
Agregó que, por ahora, “no hay justa causa” que justifique la apertura de investigaciones contra los otros diputados acusados y que aún no son investigados por la máxima corte.
Los 11 parlamentarios, en su mayoría del Partido Liberal (PT), la formación que postuló la candidatura del entonces presidente Jair Bolsonaro a la reelección, son acusados de haber divulgado en sus redes sociales mensajes de apoyo al asalto de miles de bolsonaristas contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
Con sus ataques el 8 de enero, los seguidores del líder ultraderechista, de los que unos 1,800 han sido detenidos, pretendían forzar un golpe de Estado contra Lula, cuya victoria en las presidenciales de octubre se niegan a reconocer y que asumió su tercer mandato el 1 de enero.
La Fiscalía ya abrió investigación contra dos de los once diputados acusados, André Fernandes y la militar indígena Silvia Waiãpi, ambos del Partido Liberal, pero hasta ahora no ha identificado en sus redes sociales mensajes explícitas de apoyo a los actos golpistas.
Otro de los parlamentarios cuestionados es Nikolas Ferreira, también del Partido Liberal y el diputado más votado del país con casi un millón y medio de votos.