El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este miércoles que fueron trasladados 2,000 pandilleros más a una nueva prisión de alta seguridad, con capacidad para 40,000 miembros de estas estructuras criminales y, de acuerdo con el mandatario, “la más grande de América”.
“Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)”, publicó el mandatario en Twitter y agregó que “ya son 4,000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”.
Hasta antes de la publicación de Bukele, las autoridades de Seguridad del país centroamericano no habían informado sobre el movimiento de reos y se desconocen los detalles del traslado.
El primer traslado de se dio a finales de febrero, en esa ocasión familiares de detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo se movilizaron a las afueras de las prisiones.
Bukele inauguró el Cecot a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo” del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.
La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
A comienzos de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la prisión de máxima seguridad es realmente un “campo de concentración”.
Esta declaración generó una serie de intercambio de mensajes entre Bukele y Petro en Twitter.
Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su “profunda preocupación”, dado que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 65,000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3,300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7,900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
A pesar de los señalamientos de violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción y del traslado de presos, el presidente salvadoreño cuenta con un respaldo de aprobación de la población de un 91 %, según una reciente encuesta de la Unidad de Investigación del periódico La Prensa Gráfica.
