El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas este lunes contra el juez federal, James Boasberg, que ha bloqueado la aplicación de una ley de 1789 para poder deportar a extranjeros de manera sumaria, insistiendo en que debería ser destituido.
“Este juez está casi tan comprometido (¡de hecho, ni de lejos!) como el juez cuya hija ganó millones de dólares representando a Biden/Harris en mi contra, mientras su padre presidía una causa falsa en mi contra y se negó a ser recusado. ¡Debería ser inhabilitado!”, escribió hoy Trump en su red social Truth Social, haciendo referencia al juez de Nueva York Juan Merchan, que presidió el juicio penal contra el mandatario en 2024.
Durante aquel juicio, Trump acusó a la hija del magistrado, cuya empresa trabaja con políticos del Partido Demócrata, de ser su “enemiga” y pidió sustituir a Merchan, petición desechada por los fiscales.
En la última semana, el presidente estadounidense ha criticado en repetidas ocasiones a Boasberg, que el pasado 15 de marzo, emitió una orden para bloquear deportaciones amparadas por la invocación que horas antes hizo Trump de la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión sumaria sin vista judicial previa.
En su mensaje, Trump adjuntó un enlace a una noticia del medio conservador Just The News que asegura que Boasber acudió recientemente a una conferencia en Idaho patrocinada y participada por personas y entidades “que han expresado sentimientos anti-Trump”.
Pese a ello, el mismo 15 de marzo un total de tres vuelos despegaron de Texas y aterrizaron en El Salvador, donde entregaron a más de 200 venezolanos —que el Gobierno de Estados Unidos asegura que son miembros de la banda criminal Tren de Aragua— a las autoridades locales, que aceptaron encarcelarlos.
La campaña de Trump contra el juez ha llevado al presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, a reprender sus críticas y a recordar que el circuito de apelaciones es el recurso deseable cuando se está en desacuerdo con un fallo judicial.
Por su parte, Boasberg aseguró el viernes que llegará “hasta el fondo” para determinar si el Gobierno violó o no su orden y ha expresado gran preocupación por la posibilidad de que un presidente estadounidense pueda aplicar semejante norma de manera indiscriminada.
El caso, enmarcado en la agresiva política migratoria del Gobierno Trump, que ha asegurado que la banda Tren de Aragua está “invadiendo” el país, está haciendo que se cuestione la separación de poderes en Estados Unidos.