Veintiún militares, incluido un general, admitieron su responsabilidad en la ejecución de cientos de civiles que presentaron como caídos en combate, según dio a conocer el tribunal de paz este viernes 10 de diciembre.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “recibió el reconocimiento de verdad y responsabilidad de 21 integrantes del Ejército Nacional (...) por el asesinato” de unas 247 personas, dijo la magistrada Catalina Díaz en rueda de prensa.
Los asesinatos se produjeron en la región cocalera de Catatumbo (120), fronteriza con Venezuela, y en la costa Caribe (127).
También hay un civil que confesó ser “colaborador de las estructuras militares en las acciones ilícitas”.
El tribunal había imputado a 25 militares por su responsabilidad en la ejecución a sangre fría de jóvenes, en su mayoría de clases bajas, que presentaron como caídos en combate para inflar sus logros en la lucha contra la guerrilla y otros grupos armados.
Conocidos como “falsos positivos”, estos asesinatos destaparon el mayor escándalo dentro de las Fuerzas Militares. Los oficiales y soldados implicados recibieron condecoraciones, permisos o compensaciones por esas muertes.
Entre los uniformados que reconocieron su culpa está el brigadier general Paulino Coronado, antiguo comandante de la Brigada 30 que opera en la zona fronteriza.
Citado por la JEP, Coronado presentó sus “sentimientos de perdón por el gran dolor causado” en “los execrables actos cometidos (...) conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes” y “dejando profunda desolación entre sus seres queridos”.
Surgido del acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC, este tribunal juzga los peores crímenes de un conflicto de más de medio siglo que deja nueve millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos.
El pacto negociado en Cuba establece que quienes confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la cárcel.
La magistrada añadió que dos coroneles negaron los cargos, por lo que serán llevados a juicio. De ser hallados culpables podrían ser condenados hasta a 20 años de prisión.
