Al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la polémica medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para ‘combatir’ a las pandillas.
Así lo registra la organización humanitaria Cristosal en un informe presentado este lunes en un hotel en San Salvador.
La abogada Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, explicó durante la presentación que es la primera vez, a través de una investigación, que “se verifica y se documentan las muertes ocurridas al interior de los centros penales, es decir bajo custodia del Estado”.
Detalló que desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023, Cristosal ha documentado 139 personas que han muerto bajo custodia estatal. “Aclaro que esto no significa que solo ellos han muerto, porque hay testimonios y evidencias (que señalan) que muchos (fallecidos) han sido enterrados en fosas comunes”, apuntó.
De las 139 muertes, de acuerdo con el informe, cuatro son mujeres y el 46.3 % de las personas fallecidas tenían edades entre 18 y 38 años.
Navas también señaló que, hasta abril, el número de casos de personas fallecidas aumentó, ya que Cristosal documentó 153 casos y que hasta el viernes pasado, día 26 de mayo, “se había verificado 160 personas muertas bajo custodia estatal”.
El documento apunta que se identificaron patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. Se identificaron cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencias golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura, señala.
Indica que algunos reportes del Instituto de Medicina Legal (IML) consigna como causa de muerte la asfixia mecánica o por inmersión y en algunos casos la correlación de la causa de la muerte consignada y la condición que presenta el cadáver “no son congruentes”, agrega.
En el informe se explica que para obtener la información, Cristosal llevó a cabo investigaciones de campo, incluidas en fosas comunes, recolección de una amplia documentación fotográfica de los cuerpos y de esquelas del IML, así como entrevistas a familiares, vecinos, conocidos de las personas fallecidas y a personas que estuvieron detenidas.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el 16 de mayo la decimocuarta prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022, tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 69.000 detenidos.
Organizaciones humanitarias registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.