Un nuevo capítulo se suma a la polémica por el avión de la discordia entre Argentina y Venezuela.
Se trata de un 747-300M de carga que operaba la estatal venezolana Conviasa y que también fue propiedad de iraní Mahan Air, ambas empresas justamente sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave que permanecía incautada por Argentina desde junio de 2022, fue enviada por el Gobierno de Javier Milei a Estados Unidos en febrero pasado, en respuesta a una petición de decomiso.
Luego de este procedimiento, el Gobierno de Venezuela anunció que cerrará su espacio aéreo a Argentina, hasta que compense los daños causados por la incautación del avión de la compañía estatal Conviasa.
“Ninguna aeronave, que provenga o se dirija a la Argentina, podrá sobrevolar nuestro territorio, hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, solo con el fin de complacer a sus tutores del norte”, expresó en X el canciller venezolano, Yván Gil.
El funcionario reaccionó así a las declaraciones del portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, quien, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno), remarcó hoy que su país “no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo”.
Gil consideró que, con estas palabras, el Ejecutivo de Javier Milei “pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra Emtrasur”, la filial de Conviasa a la que pertenecía la aeronave incautada.
“El gobierno neonazi de Argentina no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero ‘cara de tabla’, el señor Manuel Adorni”, agregó el canciller venezolano en la red social.
Entre tanto Buenos Aires informó el inicio de “acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, encabezado por el dictador (el presidente Nicolás) Maduro” por esta medida, entre las que baraja la posibilidad de una denuncia ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por “violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional”, conocido como Convenio de Chicago (1944).
Los antecedentes
La tripulación que había llegado a Argentina el 6 de junio de 2022, integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia de ese país y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
El avión había llegado a Argentina procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después partió de Argentina para cargar combustible en Uruguay, pero regresó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.
Entonces, la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes no podían salir del país. Con el correr de la investigación, los tripulantes fueron liberados.
La justificación de la reclamación por parte de Estados Unidos es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio la que transfirió el avión -de fabricación estadounidense- a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
Antes de la partida del avión hacia Estados Unidos, se sumó un confuso episodio, el 6 de febrero de 2024, cuando un diplomático venezolano en Buenos Aires violó la seguridad y sacó fotos de la aeronave, por lo que fue declarado persona no grata y dejó el país en las 48 horas siguientes.
Dos semanas después de la salida del avión, el pasado 29 de febrero, Maduro denunció a Estados Unidos por el “acto vil, criminal, indignante” de “descuartizar” la aeronave en Miami (Florida).