Pasado un año de la implementación del nuevo Código Civil, los tiempos de resolución de los conflictos en esa esfera se han reducido casi a la mitad y la aplicación de la tecnología permite a los usuarios del sistema conocer en todo momento el estatus de los procesos.
Así lo manifestó el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado presidente de la Sala Civil, Olmedo Arrocha, quien enfatizó que la implementación de este nuevo modelo de gestión es una herramienta que refuerza el Estado de derecho, la democracia y ayuda a la confianza de los interesados en invertir en el país.
Arrocha detalló que desde la entrada en vigencia del Código Civil ingresaron al sistema 30 mil 409 expedientes y que el 97% de ellos ya ha concluido la primera instancia, cuando con el viejo sistema estos procesos no habrían superado esa etapa.
En ese aspecto, explicó que la mayoría de estas causas están relacionados con procesos de sucesiones (49%), seguidos de los procesos ordinarios (17%), ejecutivos (13%), sumarios (11%) y el restante 10% corresponde a otro tipo de procesos.
El proceso de implementación del nuevo Código Civil también contempla una fase de liquidación de los procesos que se encontraban en trámite al momento de su puesta en vigencia. Se trata de unos 40 mil expedientes de los cuales, en el término de un año, se ha evacuado un 50%. El Órgano Judicial tiene previsto que la liquidación de estos expedientes quede culminada en el término de dos años.
De acuerdo con los datos del Órgano Judicial, 24 mil 422 de los casos en liquidación corresponden a expedientes de los juzgados circuitales, de los cuales se han liquidado un total de 11 mil 942. En tanto, los juzgados municipales comenzaron con 23 mil 812 expedientes de los que han logrado evacuar 12 mil 541; y solo quedan pendientes de resolver 11 mil 271 causas.
Más presupuesto
El magistrado Arrocha enfatizó, que para que el nuevo modelo se implemente de manera efectiva, se requiere de un mayor presupuesto para este órgano del Estado.
Reconoció que al Órgano Judicial se le asigna menos del 1% del Presupuesto General del Estado, lo que, a su juicio, es insuficiente para llevar adelante los múltiples proyectos que se mantienen en agenda, lo que obliga a posponer algunos y a darle prioridad a otros.
Para el año 2027, el Órgano Judicial solicitó un presupuesto de $396.5 millones y le concedieron recursos por la suma de $352.3 millones. Arrocha advierte que esto afectará la ejecución de algunos programas y proyectos para el próximo año.
En 2027, está prevista la construcción de 20 tribunales, la digitalización de expedientes (y el descarte de casi medio millón que ya no tienen utilidad), continuar la implementación del Código Procesal Civil y la contratación de 590 funcionarios para repartir en 50 despachos judiciales, entre otras iniciativas.
En este sentido, la magistrada presidenta de la Corte, María Cristina Chen Stanziola, también remarcó la necesidad de tener más recursos para adecuar los servicios del Órgano Judicial a las necesidades del usuario. Señaló que la institución remitió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas para que reconsiderara los recortes presupuestarios realizados, pero no tuvieron respuesta.
Chen Stanziola coincidió con Arrocha en que el recorte presupuestario puede afectar algunos de los proyectos que se tienen en agenda.
Por otro lado, la magistrada reconoció el esfuerzo realizado por el personal del Órgano Judicial para llevar adelante un proyecto tan ambicioso como la implementación del nuevo Código Civil. Afirmó que esto demuestra la gran vocación de trabajo y eficiencia desarrollada desde el momento de la aprobación de la ley hasta su puesta en ejecución.
En el acto de rendición de cuentas del primer año de vigencia del nuevo Código Civil también estuvieron presentes los exmagistrados de la Corte Harley Mitchell, Ágela Russo (actual Defensora del Pueblo), José Troyano y Hernán De León.
