La ciudad de Colón, fundada el 27 de febrero de 1852, representa un punto neurálgico en la historia de Panamá. Desde sus inicios como un centro de comercio e intercambio vinculado a la construcción del ferrocarril transístmico, ha sido testigo de la grandeza y de las dificultades que ha afrontado su población. A pesar de su importancia estratégica y económica, Colón sigue esperando justicia desde el Gobierno Central, así como un desarrollo sostenible que haga honor a su contribución al país.
Desde su fundación, Colón ha sido la puerta de entrada y salida de mercancías, un centro de actividad comercial que ha impulsado el desarrollo del istmo. Su gente, trabajadora y resiliente, ha contribuido significativamente al crecimiento de Panamá, desde los obreros del ferrocarril hasta los empleados de la Zona Libre. Sin embargo, esta riqueza generada no se ha traducido en una mejora proporcional de la calidad de vida de sus habitantes. La falta de inversión en infraestructura, la inseguridad, la desigualdad social y el desempleo han sido desafíos constantes para la ciudad.
Los colonenses hemos sido testigos de cómo nuestra provincia ha sido relegada a un segundo plano en la agenda nacional. Las promesas de inversión y desarrollo han sido muchas, pero la realidad es que las condiciones de vida en Colón siguen estando por debajo de lo esperado para una ciudad con su nivel de importancia. La modernización del puerto, la revitalización urbana y el fortalecimiento del turismo han sido temas recurrentes en discursos políticos, pero su ejecución ha sido limitada y, en algunos casos, inexistente.
Uno de los problemas más urgentes que enfrenta Colón es la falta de oportunidades laborales. A pesar de contar con la Zona Libre, el desempleo sigue siendo alto, lo que genera un impacto negativo en la seguridad y la calidad de vida de sus ciudadanos. Muchos jóvenes colonenses carecen de acceso a educación de calidad y oportunidades de empleo que les permitan un desarrollo digno. Es responsabilidad del Gobierno Central garantizar que esta situación cambie, implementando políticas efectivas que incentiven la inversión, fomenten la capacitación laboral y brinden mejores condiciones de empleo.
El estado de la infraestructura en Colón es otro reflejo de la deuda histórica con la ciudad. Las calles deterioradas, la falta de mantenimiento de los edificios históricos y los problemas de saneamiento son síntomas de una falta de planificación urbana y de inversión. Un plan integral de restauración y modernización no solo beneficiaría a la población, sino que también impulsaría el turismo y el comercio, fortaleciendo la economía local.
La inseguridad también es un tema de gran preocupación para los colonenses. La falta de oportunidades, combinada con la desigualdad social, ha llevado a un aumento en la criminalidad, afectando la percepción de la ciudad y limitando su crecimiento. Es fundamental que el Gobierno Central adopte medidas eficaces para mejorar la seguridad, incluyendo mayor presencia policial, programas de prevención del delito y oportunidades de reinserción social para jóvenes en riesgo.
Colón merece justicia, no solo en términos económicos, sino también en términos de reconocimiento y respeto a su identidad y cultura. Su población ha resistido siglos de marginación y aún mantiene viva su riqueza cultural, su legado afrodescendiente y su espíritu de lucha. Es hora de que el Gobierno Central actúe con determinación, implementando planes concretos y sostenibles que aseguren un futuro próspero para la ciudad y sus habitantes.
Los 173 años de la fundación de Colón deben ser un momento de reflexión y acción. La ciudad y su gente no pueden seguir esperando soluciones que nunca llegan. Es momento de que la justicia social y el desarrollo sean una realidad tangible para los colonenses, garantizando que su aporte al país sea reconocido con el bienestar y progreso que merecen.
La autora es abogada.
