La burocracia se percibe como formularios complicados, requisitos innecesarios y largas filas. El Índice de Burocracia la traduce a una unidad concreta: tiempo. En Panamá, una pequeña empresa requiere 2,127 horas para abrir, 2,643 horas cada año para mantenerse formalmente operativa y 2,940 horas para cerrar. Estas cifras representan la carga acumulada de los procedimientos identificados por el estudio, ponderada según la relevancia de los sectores económicos y, en el funcionamiento, la frecuencia con que deben repetirse durante el año. En el análisis conjunto, Panamá forma parte del grupo de países con “margen de mejora” en las tres etapas del ciclo empresarial.

El índice, elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University, analiza la carga burocrática sobre pequeñas empresas en 27 países de América Latina, el Caribe y Europa. A diferencia de mediciones centradas únicamente en crear una empresa, sigue todo su ciclo de vida: apertura, funcionamiento y cierre.

El primer reto aparece antes de que el negocio empiece a producir. Abrir una pequeña empresa en Panamá demanda 2,127 horas, frente a un promedio de 1,638, y ubica al país en la posición 19 de 27 al ordenar de menor a mayor carga temporal, siendo 27 la posición más baja que se puede obtener. El índice agrupa los trámites de apertura en cinco categorías: identificación y registro; inscripción en entes nacionales; inscripción y permisos municipales; solicitud de servicios básicos; y trámites específicos por actividad productiva. Entre los trámites más prolongados están el permiso sanitario de operación (Ministerio de Salud), el permiso para la venta de alcohol, cuando aplica (municipio), y el certificado de ocupación (Cuerpo de Bomberos), principalmente por los tiempos asociados a inspecciones y a la emisión de certificaciones.

Una pequeña empresa en Panamá dedica 2,643 horas cada año para mantenerse en regla ante el Estado, más que la jornada anual de un empleado a tiempo completo y más del doble del promedio de los otros países estudiados (1,178 horas). Solo Perú y Jamaica presentan una carga mayor, lo que sitúa al país en la posición 25 de 27. Los trámites se agrupan en administración del empleo, que comprende nómina, contratación, despido e informes de planilla; administración de operaciones, que incluye impuestos, salud y seguridad laboral, administración de vehículos y desechos; y otros trámites, que incluyen certificaciones, inspecciones, actualizaciones legales y procedimientos específicos de la actividad productiva. La mayor parte del tiempo se concentra en renovaciones de licencias y permisos.

Para el cierre, Panamá requiere 2,940 horas, por debajo del promedio de 3,654, y ocupa la posición 17 de 27. Los trámites se clasifican en disolución, liquidación, registro y notificación. El principal obstáculo identificado es la revisión de la Caja de Seguro Social, cuyos requerimientos documentales y baja predictibilidad prolongan el proceso. Según el artículo 23 del texto único de la Ley 51 de 2005, la acción para el cobro de cuotas, multas, recargos, intereses y otras obligaciones adeudadas a la CSS prescribe a los veinte años, lo que puede prolongar considerablemente la revisión e inspección.

El estudio advierte que procesos de salida prolongados pueden provocar que empresas que ya cesaron operaciones abandonen el proceso y permanezcan formalmente activas al no completar su liquidación y registro de cierre, generando las denominadas “empresas zombi” y distorsionando las estadísticas sobre el tejido empresarial.

¿Por qué esto nos importa? Porque el tiempo destinado al cumplimiento administrativo representa un costo de oportunidad. La OCDE advierte que procedimientos excesivos, superpuestos o inconsistentes pueden debilitar la productividad y la competitividad, mientras que reducir cargas administrativas y barreras de entrada puede favorecer la creación de empresas, la inversión y la innovación. El Banco Mundial señala que regulaciones complejas pueden desalentar la inversión, limitar la competencia y contribuir a la informalidad.

Para Panamá, esta discusión tiene un peso especial. Según el Banco Mundial, las micro, pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 95.7 % de las empresas del país. Una carga regulatoria elevada alcanza, por tanto, buena parte del tejido productivo. La simplificación debe focalizarse en diseñar procesos más predecibles, proporcionales e interoperables, reduciendo duplicidades, tiempo improductivo y discrecionalidad.

Los autores son investigadores asociados del Índice en Panamá y miembros de la Fundación Libertad.