Hay algo casi poético en la coincidencia. Mientras miles de panameños salían a firmar para que Vamos se convirtiera en partido político, un grupo de diputados se ocupaba, puertas adentro de la Comisión de Gobierno, de perfeccionar el arte de quedarse con dos cargos de elección popular.

El artículo 73 del proyecto de ley 699 modifica el artículo 347 del Código Electoral y propone que quien resulte electo para dos cargos de elección popular conserve la titularidad de ambos durante todo el período constitucional, aunque no los ejerza simultáneamente. En buen panameño: usted puede ganar dos puestos, guardarse ambos en el bolsillo y decidir cuál ejerce primero. El otro queda en pausa, con licencia, esperando su turno. Como si los cargos públicos fueran propiedades privadas que uno puede reservar mientras se decide qué hacer con ellas.

Y aquí viene la pregunta que nadie parece tener demasiada prisa por contestar: ¿qué salario cobraría esa persona? ¿Uno o dos? ¿Y cómo se atienden dos responsabilidades públicas desde una sola agenda? ¿Con jornadas laborales de 48 horas, un clon o una capacidad sobrenatural que todavía no aparece en el manual de funciones públicas?

Permítanme digerirlo. En un país donde conseguir una cita médica puede convertirse en una prueba de resistencia, donde el transporte público desafía diariamente la paciencia ciudadana y donde los servicios básicos a veces funcionan por obra y gracia de la perseverancia, nuestros políticos parecen convencidos de que el verdadero problema nacional es que una sola persona no pueda ocupar suficientes cargos.

¿Por qué conformarse con ser diputado si también se puede ser alcalde? ¿Y por qué detenerse ahí? Ya puestos, podríamos agregar una junta comunal, una gerencia y, si queda tiempo entre reuniones, la administración del edificio.

La propuesta parece inspirada en una nueva doctrina de la administración pública: si soy indispensable para un cargo, seguramente también lo soy para dos.

Una especie de síndrome de superhéroe legislativo, pero sin capa, sin horario definido y, aparentemente, sin necesidad de escoger.

Conviene recordar que la regla vigente obliga a quien resulte electo para dos cargos a escoger uno dentro de los cinco días hábiles siguientes a su proclamación. Una norma bastante sencilla: ganó dos, elige uno.

No parece una exigencia desproporcionada. Tampoco una violación de derechos humanos. Es, simplemente, una decisión que corresponde tomar a quien aspira a representar a la ciudadanía.

Pero decidir implica renunciar a algo. Y, al parecer, esa es precisamente la parte que algunos quisieran eliminar.

Mientras tanto, la ciudadanía ha planteado exigencias bastante menos sofisticadas: participación equitativa para las candidaturas independientes, reglas claras para todos, condiciones razonables para reunir firmas y límites que impidan convertir la representación popular en una actividad de acumulación.

En menos de un mes, la coalición Vamos reunió más de 70 mil firmas y entregó la documentación para avanzar en su reconocimiento como partido político. Setenta mil ciudadanos decidieron respaldar una alternativa de participación política. Setenta mil firmas que no aparecieron por generación espontánea ni fueron estampadas por una impresora legislativa.

Fueron ciudadanos que salieron a firmar, a organizarse y a participar. Y, lo más importante, sin clientelismo ni compra de votos.

Mientras unos buscan abrir puertas, otros parecen empeñados en instalar más cerraduras. Mientras unos hacen fila para entrar a la política, otros estudian cómo quedarse con dos asientos.

Y no deja de ser curioso que, en medio de una reforma electoral que debería ampliar y fortalecer la participación, se impulsen cambios que endurecen las condiciones para la libre postulación y la conformación de nuevos partidos, mientras se flexibilizan las condiciones para conservar más de un cargo.

Reformar el Código Electoral no debería consistir en diseñar una política de beneficios especiales para quienes ya conocen todos los pasillos del poder. Mucho menos en convertir los cargos de elección popular en una colección personal de trofeos.

Las 70 mil firmas de Vamos no son un cheque en blanco ni una garantía de que todo lo que venga de allí será perfecto. Son, sencillamente, una señal de que miles de ciudadanos están dispuestos a organizarse y participar.

Al final, el problema no es que un político quiera dos cargos. El problema es que algunos parecen haber olvidado que los cargos públicos no son premios de consolación, propiedades privadas ni piezas de colección.

Y después preguntan por qué la gente está cansada.

La autora es abogada.