En un inteligente grupo de reflexión, con asombro e incredulidad, presencié cuando mis contertulios, insistentemente afirmaban que, para las próximas elecciones, tener como opción a un candidato de profesión abogado era casi un mal presagio.
No ayudan los recientes escándalos internacionales en los que se han visto envueltas firmas de abogados locales con repercusiones globales. Pensé de inmediato en Justo Arosemena, escritor, político, estadista, economista, diplomático y abogado, considerado, por muchos, padre de la nacionalidad panameña, cuando así lo plantea en su tesis El Estado Federal de Panamá, a mediados del siglo XIX. ¿Cómo hubiera sido nuestra historia sin el pensamiento preclaro de Justo Arosemena, un jurista?
¿Está tan desprestigiada la profesión para que personas pensantes insistan en que no es aceptable un candidato a presidente cuya formación sea en derecho? El prejuicio contra la profesión logró captar mi atención, razón que justifica esta opinión.
El buen ejercicio de la profesión de abogado (a) está condicionado a tres pilares: formación inicial, idoneidad profesional y ejercicio del derecho avalado por instancias como el Colegio Nacional de Abogados (CNA). Es lamentable que, de ser una carrera formal que requería al menos cinco años de estudios completos, ahora se haya convertido en una carrera exprés, semipresencial, cuya titulación depende de módulos en muchas ocasiones. Enseñar ética en el desenvolvimiento profesional del abogado es esencial, ojalá usando metodología de casos e insistiendo en la responsabilidad que conlleva el ejercicio probo de la profesión.
Urge un examen de idoneidad de obligatorio cumplimiento, que garantice que el abogado sea un profesional del derecho en debida forma, con las competencias, habilidades, actitudes y destrezas que ejemplifiquen su ejercicio probo. Hoy día vale igual el título exprés o el obtenido tras años de estudio y después de sustentar con rigurosidad una tesis ante un jurado calificador.
En el caso del CNA, es menester volver la mirada al padre del gremialismo abogadil, César Quintero, un mentor y referente invaluable. Para quienes lo conocimos, soñaba con un CNA que marcara la pauta en la dialéctica del derecho, comprometido con la institucionalidad, con las causas nacionales, construyendo, con el ejemplo, una práctica profesional ejemplarizante, y una membresía dispuesta a respetar y hacer respetar la Constitución y la ley.
El CNA asume un papel histórico en el presente. Además de su Tribunal de Honor, un espacio que permite presentar quejas contra abogados, que son decididas en la Sala Cuarta de Negocios Generales, el CNA tiene la obligación ética de promover un gremialismo serio, que trascienda lo reivindicativo y que fomente el ejercicio ético y honorable de la profesión. Es del caso recordar que uno de los presidentes de EU considerado más honesto fue, precisamente, un abogado: Abraham Lincoln. De pronto la respuesta es que hacen falta más juristas y menos abogados. Requerimos un CNA que fomente el perfeccionamiento profesional, el ejercicio transparente del derecho, custodio de la institucionalidad democrática y de la separación de los tres poderes del Estado.
Escuchar del CNA, cada dos años, cuando se acercan las justas electorales, es casi un agravio a la memoria de ilustres juristas que lo presidieron. Darle lustre es institucionalizarlo de adentro hacia afuera, con un manejo administrativo impecable, con una membresía que no espera el periodo de elecciones para que un (a) aspirante cancele sus deudas pendientes, un imperativo. Requerimos de un CNA que haga buena la fe que le tuvo César Quintero, quien apostó al gremialismo en tiempos de escasa institucionalidad y poco respeto a la profesión. A veces, mirar atrás, nos ayuda a enrumbarnos.
El autor es abogada
