Los exagerados salarios que perciben los 275 prácticos del Canal, que en algunos casos exceden los $600,000 dólares al año, y que en total sumaron $124 millones en 2016 (versus apenas $48 millones en 1999, cuando Panamá asumió el control del Canal), indignan a la gran mayoría de la población, que se pregunta cómo estas personas reciben emolumentos mucho mayores que médicos, científicos y otros profesionales con títulos académicos que requieren más estudios y desempeñan funciones más complejas que las suyas. No existe en el mundo un gremio similar que reciba este nivel de compensación salarial, así vivan en países con un costo de vida mucho más alto que el de Panamá y manejen buques sofisticados que requieren de un grado enorme de preparación profesional y obligan al piloto a pasar largas temporadas lejos de su casa.
Como ejemplo, el promedio salarial anual de un piloto de barco de contenedores o de un crucero de pasajeros es de $160,000; el de un ministro de Estado en Panamá $84,000; el de un astronauta de la NASA $110,000, con un límite máximo de $160,000; el de un piloto de aerolínea comercial en Estados Unidos $80,000; y el de un profesor de Harvard $225,000. ¿Cómo un práctico del Canal de Panamá alcanza tales niveles de compensación?
Y esto pareciera no tener límites. Cada día piden emolumentos adicionales, y en caso de no obtenerlos, proceden a entorpecer de forma premeditada e irresponsable los tránsitos del Canal, con una actitud de soberbia destinada a lograr sus mezquinos propósitos. Olvidan que se trata de un activo nacional que tomó mucho tiempo, sacrificio y sangre recuperar. Sin mencionar los millones de dólares anuales que deja de recibir el Canal debido a dichas actitudes que, además de desleales e inmorales, le restan competitividad al Canal.
Desafiantes, estos prácticos (aparentemente grupo minoritario, pero muy mediático y coral), se sienten literalmente dueños del Canal y ven nuestro principal recurso económico como algo enteramente de ellos, imponiendo sus puntos de vista por encima de los de la junta directiva y del administrador de la ACP, y como si ellos fuesen los únicos capaces de brindar este servicio, lo cual es inaceptable.
Hay que poner fin inmediato a estos abusos. Requerirá un esfuerzo conjunto del presidente de la República, la junta directiva de la ACP, la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Conozco personalmente a varios prácticos y sé que son serios, responsables y personas decentes que prestan con dedicación un valioso servicio al país. Ojalá dejen de ser rehenes de los prácticos radicalizados y ayuden a buscar un mecanismo para establecer una escala salarial justa y equitativa para ellos, y a la vez cónsona con las realidades del mercado.
En ese sentido, sería oportuno tomar las siguientes medidas, inmediatamente o tan pronto venza la actual convención colectiva:
1. Garantizar la estabilidad laboral de los prácticos ya contratados, pero congelar por un mínimo de 10 años los exagerados salarios actuales;
2. Poner un tope anual de $240,000 en la escala salarial de la ACP a los pilotos de mayor experiencia y calificaciones, que aplicaría a cualquier piloto contratado de ahora en adelante;
3. Sujeto a ratificación de la junta directiva, dotar al administrador de la ACP de la facultad para despedir a todo práctico que participe en actividades destinadas a obstaculizar el funcionamiento del Canal;
4. Quitarles a los prácticos la responsabilidad del manejo de los barcos que no van a cruzar el Canal y que llegan a aguas territoriales panameñas con el único propósito de atracar en nuestros puertos. Esto reduciría a mediano plazo la abultada planilla, ya que por muchos años no habría necesidad de contratar prácticos adicionales para reemplazar a los que se vayan jubilando;
5. Establecer una academia de entrenamiento para pilotos panameños o extranjeros que manejan barcos que transitan con regularidad por el Canal, para que obtengan la idoneidad necesaria y puedan hacer los tránsitos futuros sin necesidad de un práctico del Canal. De hecho, el Canal funcionó perfectamente bien durante sus primeros 25 años sin que existiese un solo práctico en la planilla de la entidad;
6. Reunir a un grupo de expertos que proponga otras medidas que ayuden a disminuir la onerosa carga salarial actual; y
7. Tener un plan B que permita reemplazar a aquellos prácticos que no quieran acoger las nuevas reglas del juego. Existen muchos pilotos jubilados que con entrenamiento apropiado podrían asumir estas funciones, con un salario muy inferior al que hoy reciben los prácticos.
La actual coyuntura debe hacernos reflexionar sobre la competitividad del Canal para que sus beneficios lleguen a más panameños y evitar que se convierta en el botín personal de unos pocos. Ellos tienen todo el derecho a trabajar, pero bajo nuevas reglas. Si no están de acuerdo, siempre tendrán plena libertad de buscar trabajo en otras latitudes o profesiones. Tal vez cuando inicien esa búsqueda se den cuenta de que no podrán encontrar en ningún otro puerto, canal o barco, en ninguna parte del mundo, los abultados emolumentos que aquí reciben.
Llegó la hora de poner la casa en orden. Y de encontrar una solución justa y equitativa para todos.
El autor es abogado y exembajador de Panamá en Estados Unidos