Economía

Agenciando el futuro

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Afortunadamente para el país, los tuits y arengas de algunos allegados al ahora partido gobernante, que denunciaban el supuesto entreguismo del gobierno anterior ante los organismos internacionales, no prosperaron, quedando relegados como eslóganes superficiales de campaña. Las medidas de adecuación a las normas internacionales de transparencia son hoy en día una política de Estado sustentada por un palpable consenso de la sociedad civil.

No obstante, vale la pena detenerse a observar el carácter innecesariamente binario de las discusiones en torno a la adopción e implementación de las normas referidas, como si sólo hubiera dos opciones: 1) “no podemos ceder ante presiones extranjeras”, o 2) “si no nos adaptamos seguiremos estando en todas las listas discriminatorias”. Ambas parten de una premisa negativa, de actitud defensiva o de mera supervivencia.

Pienso que existe una tercera vía, que empieza con la actitud de ver las oportunidades, no sólo los retos, implícitas en la evolución. Panamá es una economía de servicios, cuya vocación está consagrada en su escudo nacional: esto implica una obligación no sólo de actuar en concierto con el resto del mundo sino, en la medida de lo posible, anticiparse a sus futuras exigencias, forjando una voz respetada en los foros donde éstas se discuten. Pero llegar ahí requerirá tiempo, posiblemente más de un quinquenio.

Así como el estudiante conocido por hacer lo mínimo necesario para no fracasar sus cursos seguramente no ocupará el primer puesto, un país que hace lo mínimo requerido para evitar ser incluido en una lista, o salir de ella, desaprovecha la oportunidad de obtener ventajas competitivas de su proceso de reformas. Asimismo, actuar bajo el estigma de mediocridad crea presiones que dan lugar a la improvisación en lugar de la planificación consensuada. La actitud contraria – la de adelantarse a los cambios – requiere evitar pensar de forma fraccionada, con cada subsector actuando en función propia sin reconocer que se prospera o se retrocede al unísono.

Como ejemplo, me referiré al plan de independizar a la Intendencia de Sujetos Regulados No Financieros, convirtiéndola en Superintendencia. Es una medida acertada que también plantea oportunidades para aumentar su eficiencia supervisora. La Intendencia tiene bajo su competencia la supervisión de más de 10 mil entidades que incluyen a las inmobiliarias y constructoras, las zonas francas y los abogados y notarios – una sección transversal de la economía panameña-. En otras palabras, es responsable de monitorear a todas las entidades no financieras en el cumplimiento de normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La amplitud y disparidad de este cúmulo de sectores que, a diferencia de los bancos, no cuentan de manera uniforme con mecanismos avanzados de cumplimiento, hacen de su regulación un ejercicio oneroso tanto para el regulador como para el regulado.

Una opción por explorar es la búsqueda de soluciones tecnológicas: se implementan sistemas según los cuales una transacción sospechosa dispara una alarma que el regulador analiza e investiga. Es decir, la tecnología permitiría a la futura Superintendencia adoptar un enfoque en casos particulares y le reduciría al sujeto regulado la cantidad de tiempo y recursos que tiene que destinar periódicamente a reportar sus actividades. Es cierto que es fácil decirlo, no tanto implementarlo, pero justamente aquí es donde entra el ingenio: la Superintendencia puede convocar a un concurso nacional o internacional que atraiga a las mejores mentes informáticas para diseñar sistemas de monitoreo y alerta. Esto tendría la ventaja adicional de fomentar la industria digital en Panamá mediante la transferencia de conocimiento.

Aún más urgente e importante es reformar la seguridad jurídica, aquejada por una crisis institucional que le ha merecido al país el puesto número 93 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Si queremos realmente dar el gran paso hacia el sitial de las economías avanzadas, no existe manera de conseguirlo sin la existencia de un verdadero estado de derecho.

La buena noticia es que la adopción de políticas de transparencia, puesta en marcha desde hace varios años y priorizada también en el gobierno actual, indica un compromiso de Estado por dejar las reformas reactivas y a cuentagotas, y de enrumbarse por el camino que acepta los cambios como oportunidades.

El autor es exembajador de Panamá en Bélgica y en la Unión Europea 

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