El presidente Juan Carlos Varela, ejerciendo su derecho constitucional, vetó recientemente el proyecto de ley 488 aprobado por la Asamblea Nacional, para devolver al agro, exclusivamente, la utilización del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) como lo estableció la Ley 29 de 9 de julio de 1980, que le dio vida jurídica a este fondo alimentado por la tasa del 1% de todo préstamo personal superior a 5 mil dólares ($5,000), los comerciales e industriales, que concedan los bancos estatales y privados. Y se cumpliera con el objetivo de la Comisión Bancaria Nacional, dirigida por Mario de Diego, funciones que en la actualidad ejerce la superintendencia bancaria y la Asociación Bancaria Nacional, presidida por José Díaz Seixas, en 1980, cuando tuvieron la genial idea de presentar al Consejo Nacional de Legislación, órgano legislativo de la época, la creación de este fondo con la finalidad exclusiva de abaratar el alto costo de los intereses pagados por los agricultores y así evitar el incremento de la canasta básica alimentaria.
Por estar alimentado el fondo FECI a través de la tasa pagada por los prestatarios - consumidores, ellos deberán recibir un beneficio o servicio, como ocurre con la tasa de aseo, del agua y otras. Ese beneficio es el tener acceso a los productos de la canasta básica a precios justos, de calidad adecuada y oferta requerida. No es el caso de un impuesto, que el contribuyente no recibe un servicio o beneficio específico como cuando paga una tasa, como la del FECI. En un periodo de 37 años de vigencia del fondo ha sufrido muchas modificaciones por diferentes leyes, como: Ley 4 de 1994, que lo reestructuró sustancialmente sin modificar el objetivo para el cual fue creado, en 1980. Muchos gobiernos durante su existencia han querido usar el fondo como “caja menuda”, hasta que llegó el pasado (2009- 2014), en su afán paternalista y electorero destinó el remanente del fondo en programas de viviendas de interés social, desvirtuando su propósito original de apoyar financieramente a la agricultura y devolverle un beneficio directo al que lo alimenta: el consumidor- prestatario.
Todos los sectores de la vida nacional coinciden en que es urgente tomar acciones gubernamentales precisas para fortalecer el sector primario de nuestra economía, porque aunque tengamos fortaleza en el componente servicio, comercio y logístico dominantes de nuestra economía, el agro, que genera actividad económica y empleos en nuestro Panamá rural y comarcal, es vital para no concentrar todas nuestras actividades en función de ser un país de tránsito y conectividad por el Canal tradicional y haberlo ampliado; no todos los huevos se deben poner en una sola chácara, decía el abuelo.
Por estos y otros motivos que muy bien ha expuesto la rectora de la Universidad Oteima, privada de Chiriquí, que imparte enseñanza superior en ciencias agropecuarias, Nixia Gnaegui de Ríos y el grupo a nivel nacional, del que soy parte, que ella lidera, con el único propósito de que el fondo FECI sea utilizado totalmente en la actividad agropecuaria nacional, con énfasis en la educación de nuestro agricultor y su familia. Para ello solicitamos al señor presidente, Juan Carlos Varela, reconsiderar su veto al proyecto de ley 488 o a la Asamblea Nacional, aprobarlo por insistencia, como establece nuestra carta magna.
El autor es exministro del MIDA, exlegislador de la República y consultor agropecuario.