Alemania, abrumada por la presión migratoria, está decidida a reducir de forma significativa el flujo de refugiados. Las agresiones a mujeres en Nochevieja han forzado al Gobierno a tomar medidas a toda velocidad, como el acuerdo presentado el martes por los ministros del Interior y de Justicia para facilitar las expulsiones de aquellos extranjeros que hayan cometido agresiones físicas o sexuales o se hayan enfrentado a la policía. La decisión de agilizar las deportaciones viene de antes de que los sucesos de Colonia conmocionaran al país. Su vecino austriaco ya nota desde hace días el endurecimiento de las normas.
La canciller Ángela Merkel se juega su futuro político en la consecución de un objetivo al que se ha comprometido ante su partido: que las cifras de llegadas queden este año sustancialmente por debajo de los 1.1 millones de solicitantes de asilo de 2015. Y en el complicadísimo puzle en el que se ha convertido la política migratoria alemana, Merkel no solo debe convencer a los socios europeos de que acepten un reparto más equitativo de los refugiados, y a Turquía para que contribuya a asegurar la frontera exterior europea. Berlín considera también crucial agilizar la devolución de aquellos que tengan pocas perspectivas de lograr la ansiada condición de refugiado en Alemania.
La idea es permitir la entrada de los sirios, que huyen de una guerra civil que acumula más de 250 mil muertos. Y al mismo tiempo ponérselo más difíciles a otras nacionalidades, como afganos, iraníes o marroquíes. “Las personas que están llegando ahora a Alemania son refugiados clásicos, que huyen de la violencia y de la persecución. Nadie puede defender seriamente que Afganistán es un país seguro”, asegura por teléfono desde Fráncfort Karl Kopp, de la oenegé Pro Asyl.
En este contexto, los sucesos de Colonia han funcionado como sal en la herida. Las dimensiones del escándalo no paran de crecer: el martes se presentaron 100 nuevas denuncias por agresiones, con lo que la suma total ya supera las 650. Los ministros del Interior y de Justicia –representantes cada uno de los dos grandes partidos que gobiernan en coalición, democristianos y socialdemócratas– presentaron el resultado de unas negociaciones maratonianas con las que quieren mostrar a la ciudadanía que los agresores van a pagar muy caro sus abusos. Los dos ministros anunciaron sus planes para deportar a los extranjeros declarados culpables de abusos físicos y sexuales, de resistirse a la policía o de dañar la propiedad pública o privada. Según la normativa actual, la mayoría de estas acciones no implican la expulsión del país. Merkel mostró su satisfacción por el acuerdo.