Con cada nueva revelación de corrupción crece la indignación ciudadana. Irrita a la gente no solo el incesante aprovechamiento de los recursos del Estado, sino la complicidad de quienes tienen la obligación de salvaguardarlos. Son indiferentes, desidiosos e indolentes.
Usted dirá qué es más frustrante: que quienes ejercen la confianza pública nos roben con desfachatez o que quienes deben promover la transparencia nos engañen con descaro. En ambos casos, el resultado es una afectación del patrimonio común y una creciente crispación ciudadana, con consecuencias que la denominada “clase política”, por su enorme mediocridad y su codicia sin límites, es incapaz de ponderar.
Días atrás, la opinión pública se estremeció con el maltrato a un periodista independiente por parte del equipo de una diputada y por la estrategia de campaña de otra integrante de la augusta cámara, quien para conseguir votos promete “cinco años de trabajo” (La Prensa, 17 de marzo). Semanas antes, cuando se le impuso impedimento de salida al secretario de la Asamblea Nacional, como parte de un proceso por irregularidades en la compensación económica a dueños de autobuses, Franz Wever contestó, sarcásticamente: “Mejor, porque ya estoy cansado de viajar” (La Prensa, 23 de febrero).
Los candidatos a la presidencia insisten, al unísono, en que la corrupción es un flagelo terrible y que al llegar al poder lo combatirán enérgicamente. Pero, a finales del año pasado, un reportaje de este diario nos recordó los nexos de varios de ellos con el mayor escándalo de corrupción de América, protagonizado por la empresa Odebrecht (La Prensa, 16 de diciembre de 2018). ¿Quién les cree?
El robo y las mentiras de los políticos se apoyan en la actuación de funcionarios y entidades encargados de asegurar el uso correcto de los fondos del Estado. En el Ministerio Público y los tribunales de justicia, los procesos por corrupción, cuando logran iniciarse, rápidamente se estancan. Si eventualmente se resuelven, es en la taquilla de la Corte Suprema de Justicia, que la embajada estadounidense describió acertadamente en su cable del 22 de julio de 2005.
La Contraloría General de la República encamina sus acciones más contra los jóvenes becarios del Estado panameño que contra los diputados atracadores del erario, como atinó a decirlo Rodrigo Noriega (Knockout, 17 de marzo). El Tribunal Electoral tumba las vallas que exigen rendición de cuentas, pero no reacciona ante el uso desvergonzado de dinero estatal para promover las campañas a todos los cargos de elección.
Y la Antai… ahhh, la Antai. Esa entidad creada dizque para promover la transparencia, carece de resultados que ofrecer a la ciudadanía. Es un desperdicio de recursos estatales, no solo por la falta de respuestas, sino por el insulto a la inteligencia que constituyen las declaraciones de su personal acerca de los supuestos “logros” de la “autoridad”.
¿Cuáles logros? ¿La 17ª conferencia anticorrupción, celebrada a finales de 2016, a un costo de 2 millones de dólares? (Panamá América, 15 de octubre de 2018). Seguramente, la directora dirá que hay menos corrupción en el país gracias a este evento internacional que le permitió figurar con exceso.
¿Y qué nos dice esta destacada funcionaria acerca de sus viajes, sobre los cuales no respondió ante la Asamblea Nacional, alegando incapacidad médica? ¿No debería apartarse del cargo si su condición de salud le impide rendir cuentas por los viáticos recibidos? Pero es que fuera de la papa no obtendría cobertura de prensa, lo que sería una catástrofe.
El hecho real, cierto y verdadero, es que, a pesar de las supuestas actividades de la Antai, la corrupción sigue tan vigente en nuestro medio como cuando esta entidad fue creada. El más reciente informe sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado afirmó que en 2018 “la corrupción sigue siendo un problema serio en los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en los servicios de seguridad” (https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper).
Peor aún: nuestro índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional ha empeorado desde 2015. O sea, hay mayor percepción de corrupción ahora que cuando Angélica Maytín ingresó en la planilla estatal. Tan solo ese dato pone de manifiesto el cinismo y la simulación de los organismos oficiales encargados de promover la probidad. ¡Basta ya de tanta burla!
El autor es politólogo e historiador, y dirige la maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá
